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miércoles, 9 de junio de 2010

acerca de la Justicia Comunitaria y su tratamiento en el Congreso editorializa Los Tiempos. lectura recomendada

La serie de crímenes que durante los últimos años se han cometido en nuestro país en nombre de la “Justicia Comunitaria”, el más reciente de los cuales fue el perpetrado por comunarios de Uncía, ha devuelto candente actualidad a un tema que desde hace ya mucho tiempo aflige a quienes se preocupan por la salud de las instituciones fundamentales del país y por la manera sistemática como éstas están siendo destruidas para ser remplazadas por un peligroso vacío en el que pueden caber las mayores atrocidades.

El más reciente caso ha causado tal impacto en la opinión pública --en gran medida gracias a la labor de los medios de comunicación— que a diferencia de ocasiones anteriores, cuando eran fácilmente soslayadas, esta vez las voces que se alzan para alertar sobre la magnitud del peligro han encontrado suficiente eco para no ser desoídas. Tanto, que incluso en las filas del oficialismo se ha despertado la conciencia sobre la necesidad de poner límites a un proceso que, al paso que va, no puede llevar a nada más que a una restauración de la barbarie.

El primer paso en ese sentido ha sido reconocer, por fin, que algún límite tiene que ponérsele a la tan manida como poco comprendida “Justicia Comunitaria”. Aparentemente puede ser pequeño el paso, pero es importante que la experiencia práctica empiece a quitar credibilidad a interpretaciones –lindantes con la fantasía-- de antropólogos y sociólogos, generalmente europeos o estadounidenses, que creyeron ver en este tema una buena ocasión para poner a prueba, como si de un ensayo de laboratorio se tratara, el famoso mito del “Buen Salvaje” al que con tanta devoción se entregaron.

Que tantos excesos cometidos hayan servido aunque sólo sea para poner en duda la supuesta sabiduría natural que se atribuye a los actos de los pueblos “indígena originario campesinos” permitirá --es lo que cabe esperar-- que se introduzca un mínimo de racionalidad a las discusiones sobre el tema y se las despoje de los elementos míticos que hasta ahora indujeron a tan graves errores en la concepción y redacción de las leyes sobre la materia, y a tan espantosos desmanes en la práctica.

La urgencia de abordar el asunto con miradas más objetivas ha comenzado a manifestarse, felizmente, a través de algunas iniciativas que tendrán que ser tomadas en cuenta cuando llegue el momento de elaborar la Ley de Deslinde Jurisdiccional que, en los términos en que hasta ahora ha sido presentada en su versión de proyecto, es del todo inadmisible.

Más importante aún es reconocer la necesidad de empezar por definir en términos de comprensión universal el concepto mismo de “Justicia Comunitaria”, de modo que para todos quede claro lo que se debe y no se debe entender por ella. El sólo intentar hacerlo implicará aceptar que por su propia naturaleza tiene límites y que éstos no pueden ser fijados según el buen saber y entender de individuos o comunidades que, por muy originarias que sean, deben someterse a valores que se han ido construyendo a lo largo de la historia de la humanidad y que han sido sistematizados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y otros instrumentos de defensa del ser humano, los mismos que, conforme a la nueva Constitución, son parte de nuestro ordenamiento jurídico.