El Estado Plurinacional de Bolivia está asumiendo el papel de un monstruo devorador de poder, equivalente a esa famosa figura del “Pac-man” de los videojuegos, que engulle todas las instancias de dominio y de administración republicanas y las concentra en un solo individuo. El Gobierno central está consolidando una megaburocracia, una suerte de ekeko hegemónico y el riesgo es que la estructura estatal se vuelva una obesa mórbida inerte, autómata, incapaz incluso de responder ante las demandas y desafíos que surgen desde sus propias bases sociales, que comienzan a mostrar signos de disconformidad.
Las cinco leyes fundamentales que van en camino de aprobación son parte de esa estrategia de copamiento total del poder y de extrema concentración de las decisiones en una sola mano. De aquí a poco, el Presidente no sólo tendrá la potestad de nombrar jueces, fiscales, contralores y superintendentes, sino también a los vocales electorales, que le permitirán perfeccionar la maquinaria plebiscitaria conducente a la perpetuación. Se trata de un gigantesco aparato de apariencia jurídica que intenta bloquear todas las posibilidades de acción de actores políticos ajenos al oficialismo. Y por si algo se les escapara o ante la eventualidad de algún “desborde autonómico”, ahí estará Juan Ramón Quintana, una especie de comisario político muy hábil para el control de las regiones.
El Congreso se ha vuelto un simple instrumento de legitimación de la comilona oficialista. La aprobación en cuatro horas de una norma estructural del Estado dice mucho de la ausencia absoluta de discernimiento e indica la existencia de un proceso de momificación de la tarea legislativa, sobre todo, cuando se quiere llegar al extremo de anular por completo las pocas voces que aún ofrecen signos vitales en el Parlamento. El MAS no es un partido donde se produzca un debate ni donde se formulen ideas, ni siquiera para salir de un atolladero como el de Uncía o para responder ante las amenazas del narcotráfico. No es capaz de entablar un diálogo con los indígenas de las tierras bajas, descontentos por la relegación de la que están siendo víctimas. El partido oficialista es apenas un aparato electoralista cuya utilidad se termina en la repartija de cuotas de poder.
Los indígenas del municipio de Uncía nunca han sido parte del Estado, es verdad, pero ahora tampoco quieren integrarse al Estado Plurinacional, porque prefieren la seguridad que les brindan los contrabandistas y narcotraficantes. La pasividad del Gobierno frente al “territorialismo” que defienden los ayllus, más que complicidad, delata en primer lugar, las primeras señales de esclerosis de la burocracia estatal y sobre todo, la ausencia de convencimiento de que el cambio que se promueve será capaz de motivar a jilakatas, mallkus y otros líderes comunales. No resolver adecuadamente este problema, equivale a fomentar la proliferación de estas republiquetas que actuarán como ratones frente a un elefante cada vez más pesado y menos efectivo a la hora de conducir cambios. Más bien, los cambios se darán de todas formas, pero en otros sentidos, en los que decidan los ayllus, los cocaleros o los narcotraficantes, muy a pesar del Estado Plurinacional y siempre de espaldas a él.
Las cinco leyes fundamentales que van en camino de aprobación son parte de esa estrategia de copamiento total del poder y de extrema concentración de las decisiones en una sola mano. De aquí a poco, el Presidente no sólo tendrá la potestad de nombrar jueces, fiscales, contralores y superintendentes, sino también a los vocales electorales, que le permitirán perfeccionar la maquinaria plebiscitaria conducente a la perpetuación. Se trata de un gigantesco aparato de apariencia jurídica que intenta bloquear todas las posibilidades de acción de actores políticos ajenos al oficialismo. Y por si algo se les escapara o ante la eventualidad de algún “desborde autonómico”, ahí estará Juan Ramón Quintana, una especie de comisario político muy hábil para el control de las regiones.
El Congreso se ha vuelto un simple instrumento de legitimación de la comilona oficialista. La aprobación en cuatro horas de una norma estructural del Estado dice mucho de la ausencia absoluta de discernimiento e indica la existencia de un proceso de momificación de la tarea legislativa, sobre todo, cuando se quiere llegar al extremo de anular por completo las pocas voces que aún ofrecen signos vitales en el Parlamento. El MAS no es un partido donde se produzca un debate ni donde se formulen ideas, ni siquiera para salir de un atolladero como el de Uncía o para responder ante las amenazas del narcotráfico. No es capaz de entablar un diálogo con los indígenas de las tierras bajas, descontentos por la relegación de la que están siendo víctimas. El partido oficialista es apenas un aparato electoralista cuya utilidad se termina en la repartija de cuotas de poder.
Los indígenas del municipio de Uncía nunca han sido parte del Estado, es verdad, pero ahora tampoco quieren integrarse al Estado Plurinacional, porque prefieren la seguridad que les brindan los contrabandistas y narcotraficantes. La pasividad del Gobierno frente al “territorialismo” que defienden los ayllus, más que complicidad, delata en primer lugar, las primeras señales de esclerosis de la burocracia estatal y sobre todo, la ausencia de convencimiento de que el cambio que se promueve será capaz de motivar a jilakatas, mallkus y otros líderes comunales. No resolver adecuadamente este problema, equivale a fomentar la proliferación de estas republiquetas que actuarán como ratones frente a un elefante cada vez más pesado y menos efectivo a la hora de conducir cambios. Más bien, los cambios se darán de todas formas, pero en otros sentidos, en los que decidan los ayllus, los cocaleros o los narcotraficantes, muy a pesar del Estado Plurinacional y siempre de espaldas a él.
El Gobierno es una máquina devoradora de poder. Es un proceso que no acaba y que amenaza con volverlo pesado e ineficiente.
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