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martes, 22 de junio de 2010

la marcha de los pueblos indígenas se propone recorrer 550 kilómetros de Trinidad a La Paz por la inclusión de sus demandas en la Ley Marco


Con la bendición del párroco de la catedral de Trinidad, Noé Uriona, la Confederación Indígena del Oriente Boliviano (Cidob) inició ayer la marcha rumbo a La Paz para exigir que en el proyecto de Ley Marco de Autonomía sean incluidas sus demandas antes de que el planteamiento oficialista ingrese a debate.

En tanto, el Gobierno reiteró que no cederá a la presión social por considerar que la demanda de los indígenas es inconstitucional.

El ministro de la Presidencia, Óscar Coca, dijo que puede haber diálogo, “pero en sujeción a las leyes del país”. Informó que el gabinete de ministros se reunió ayer toda la tarde para avanzar en el proyecto de la ley sobre autonomías.

La caminata inició al promediar las 07:00 con la participación de más de 400 personas que se prevé recorrerán 550 kilómetros hasta llegar a la capital cruceña y después seguir la ruta de 900 kilómetros hacia La Paz, donde se concentrarán para presionar al Órgano Ejecutivo y a la Asamblea para que incluyan en la ley marco la aprobación de los estatutos indígenas por usos y costumbres y no mediante un referéndum, y la reversión y expropiación de tierras y manejo de recursos económicos.

En la caravana participan delegaciones indígenas de Pando y Santa Cruz. El primer descanso se realizó tras recorrer 40 kilómetros desde Trinidad.

De acuerdo con el reporte del periodista de radio Patujú, Carlos Vargas, tras el inicio de la marcha -- en la que también hay menores de edad, mujeres y personas de la tercera edad--, los manifestantes recibieron el apoyo de algunos vecinos de Trinidad que regalaron algunos alimentos y de transportistas que entregaron frutas.

“Esta marcha es para que el Gobierno atienda nuestras demandas, no puede haber autonomías indígenas, sin competencias claras ni recursos económicos”, dijo el líder de la Cidob, Adolfo Chávez.

El dirigente agregó que no se permitirá un diálogo por separado con el Gobierno central y advirtió que los dirigentes que incurran en esa falta serán sancionados, tal como ocurrió con el titular de la Central de Pueblos Indígenas de Beni, que fue expulsado por pretender reunirse de manera individual con autoridades gubernamentales. Conflicto Chávez anticipó que en el curso de las próximas horas la Comisión Política de la marcha indígena dará una respuesta a la carta enviada por el ministro de Autonomías, Carlos Romero, que afirmó que el Gobierno de Evo Morales no aceptará la demanda de ese sector, que pide la aprobación de sus cartas autonómicas por usos y costumbres, porque es inconstitucional.

“No conocemos todavía cuál es la plataforma de su demanda, no nos la han hecho conocer. Les hemos enviado comunicaciones ratificando la disposición del Gobierno para dialogar”, dijo Romero y reiteró que la Cidob no tiene motivos para iniciar una movilización y espera que esa entidad haga conocer su planteamiento concreto.

Agregó que se analiza si el Poder Ejecutivo enviará una comisión al lugar de la marcha para reiniciar el diálogo.

Los dirigentes de la Cidob advirtieron que sólo negociarán durante el desarrollo de la marcha.

Sobre el conflicto que enfrenta el Gobierno de Evo Morales con el sector indígena, el defensor del Pueblo, Rolando Villena, pidió a la dirigencia de los indígenas de tierras bajas que dé una respuesta a las comunicaciones que enviaron autoridades gubernamentales como muestra de apertura a fin de buscar una solución pacífica a la demanda del movimiento indígena.

Piden revisar demanda

El ministro de Autonomías, Carlos Romero, pidió ayer a la Cidob revisar sus planteamientos relacionados con atribuciones de las autonomías indígenas para modificar los límites departamentales y que sus estatutos sean aprobados por usos y costumbres, y no por referendos, como establece la Constitución.

Indicó que esas demandas “no solamente no se enmarcan en la legalidad instituida en el país, sino que agreden derechos de otros actores porque el acceso a las tierras no es un derecho exclusivo de los pueblos indígenas, sino de los campesinos y de otros sectores”.

Romero demandó a la Cidob que se “sacuda” de supuesta la injerencia de algunas Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) vinculadas a Usaid y que vuelva al dialogo con el Gobierno para encontrar soluciones.

Reiteró que Usaid implementó en el país “una estrategia conspirativa” contra el Gobierno.

EN LA CAMINATA

Jóvenes indígenas que portan flechas y arcos como distintivos se hacen cargo de la seguridad de marcha de los indígenas de tierras bajas rumbo a la sede de Gobierno.

Ernesto Noe Tamo, líder de la marcha indígena “por el territorio y la dignidad” de 1990, es el símbolo de la manifestación. Ahora, a sus 69 años, preside el comité de marcha de la Central de Pueblos Indígenas de Beni (CPIB).

CONTRA CONSULTA

Alertan sobre leyes y reglamentos

El Foro Boliviano sobre Medio Ambiente (Fobomade) denunció que el Gobierno elabora nuevas normas y reglamentos que restringen y limitan el derecho de los pueblos indígenas a ser consultados e informados respecto a proyectos de explotación de recursos naturales en sus territorios.

“Ya se aprobó la primera norma reglamentaria, la Ley del Órgano Electoral Plurinacional (OEP), y después vienen la Ley Marco de Autonomías y Ley de Hidrocarburos, acompañadas de al menos seis reglamentos referidos a la consulta previa, derechos de servidumbre y compensaciones”, indica la organización en su Servicio de Noticias Ambientales.

Fobomade es una de las organizaciones no gubernamentales acusada por el Ejecutivo de manipular a los pueblos indígenas, lo que fue negado por sus representantes.

La entidad medioambientalista señala que el artículo 30 de la CPE reconoce el derecho de las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos “a ser consultados mediante procedimientos apropiados, y en particular a través de sus instituciones, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles”.

Sobre las leyes Marco de Autonomías y de Hidrocarburos indican que contemplarán mecanismos que “reglamentarán” varios aspectos relativos al derecho a la consulta, como por ejemplo la duración de la negociación, los límites de las compensaciones y los derechos de servidumbre, entre otros.

“El Gobierno quiere limitar el tiempo de la consulta para agilizar las inversiones, y también el monto de las compensaciones”, apunta Fobomade.