Interminable drama en carreteras
Mauricio Aira
El DS 0420 de control y seguridad vial fue el instrumento para justificar la defenestración de un dirigente del MAS como candidato a la gobernación por La Paz, medida que mereció respaldo general en el entendido que frenaría el drama que se vive en las carreteras. Está comprobado que conductores ebrios no representa toda la problemática de la retahíla de accidentes que se llevan cientos de vidas humanas. Otras causas quizá aun mas graves son las fallas mecánicas, la insolvencia profesional de choferes, el exceso de velocidad, entre muchas otras faltas y claro está el pésimo estado de las vías, carentes de señales y del mantenimiento imprescindible que no existe.
No puede ser que las normas se cumplan sólo cuando la atención pública focaliza el problema, resulta un imperativo la atención global y permanente restándole al Tránsito la función de recaudadora de sanciones que van a parar al bolsillo de los cobradores y sus jefes. No existe y es penoso reconocerlo el debido control sobre todo el sistema, la Policía Caminera es una ficción buena para imponer sanciones cuando ya ocurrió el accidente o para “apadrinar componendas entre infractores” tal es así que el número de víctimas se ha triplicado entre muertos y heridos.
¿Quién puede garantizar que es suficiente haber destituido a los responsables del control en los tramos en que ocurrieron las desgracias o en la suspensión de las empresas siniestradas? La peregrina idea de hacer responsables a los pasajeros del control del sistema está destinada al más rotundo fracaso. El ciudadano común no puede reemplazar a la autoridad constituida, no al menos cuando de por medio está la vida y seguridad de los pasajeros.
El problema tendría que ser simultáneamente atacado. El mejoramiento de la infraestructura que requiere de inversiones de gran volumen, ensanche de carreteras, señalización suficiente, construcciones de obras de arte, nuevos trazos, doble vía, etc., que demanda tiempo y una competente planificación. Asumir autoridad plena, que actualmente es “compartida por una dirigencia sindical rayana en el gansterismo” el Gobierno dispone tal cosa y los transportistas no acatan simplemente están por encima de la Policía. La inspección vehicular, es algo serio y profesional. Se debería encomendar a empresas especializadas que verifiquen uno por uno la situación técnica de buses y camiones y automóviles, inspección general sin que se escape ningún vehículo y que opere en cada departamento, sin privilegiar absolutamente a nadie. ¿Si funciona en el exterior porqué no funcionaría en Bolivia? Siempre y cuando los transportistas lo permitan.
Luego está la tarea educativa. Conocer las reglas de tránsito debería ser una materia obligada en todos los colegios impartida por oficiales de Tránsito, incluyendo práctica con bicicletas, motos, automóviles. La otorgación de licencias es la base esencial para la aplicación de normas. Se tiene que penalizar el manejo de vehículos por personas sin el carnet respectivo, que hoy se lo obtiene a cambio del pago de 100 dólares, sin importar que el solicitante sepa o no conducir. Esto es un crimen y el germen latente de accidentes que se empecinan en no aceptar los sindicatos. Es un imperativo mejorar la educación vial a todo nivel y crear una escuela oficial de conductores por la que deben transitar todos los solicitantes de licencias.
Los medios abundan en recomendaciones sobre lo que se debe hacer que hemos resumido en el parágrafo anterior sin profundizar sobre las causas que son muchas y partiendo del hecho noticioso que son los numerosos accidentes que en lugar de disminuir como sucede en otras latitudes en defensa del capital humano de cada colectivo, aumentan en proporción y gravedad intolerables. Sólo con carácter de ilustración mencionar que por razones medioambientales hay una tendencia clara al uso del transporte colectivo en lugar del privado introduciendo líneas e itinerarios con trenes y tranvías de menor costo en combustibles y de limpieza que los movidos a gas o petróleo.
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