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miércoles, 18 de agosto de 2010

la persecusión política en Bolivia es un hecho. no sólo opositores, autoridades en ejercicio, sino los propios masistas son las víctimas

“Rompo el silencio desde la clandestinidad, acusado y perseguido por todo y por nada”. Así describe su situación el cívico Guido Náyar, que aparece después de ocho meses de haber salido del país ante las investigaciones por terrorismo y ganancias ilícitas.
En la carta del primer vicepresidente cívico que va dirigida al titular de la Federación de Asociaciones Rurales del Mercosur (FARM) Manuel Lussich, relata que a principio de enero de este año viajó al Paraguay para atender unos negocios de exportación de toros y que estando allá sus familiares le comunicaron que el Gobierno del presidente Evo Morales, “había iniciado una cacería sin cuartel de los dirigentes del sector productivo boliviano”.
Náyar señala en la misiva, proporcionada por el Comité pro Santa Cruz, que la persecución no sólo fue a su persona sino también a toda su familia, asegurando que los fines del Gobierno es que busquen el exilio y otro es de silenciar la voz de quienes en los últimos años ejercieron una disidencia democrática, contra una serie de normas que atentaban los derechos humanos.
El Ministerio Público relacionó a Náyar con el caso de supuesto terrorismo, quien inclusive declaró el 1 de junio del 2009 ante el fiscal Marcelo Soza y aunque no fue detenido en ese entonces, luego se lo imputó por éste delito. Después se abrió una segunda investigación por enriquecimiento ilícito y desvío de recursos del Estado a cuentas privadas cuando fue Ministro de Gobierno.
“Todas las acusaciones, infamias, calumnias, que han realizado se han venido derrumbando”, se defendió Náyar señalando que en Bolivia no existe justicia y que en 16 meses de investigación hay más de 200 dirigentes relacionados con el sector productivo que han sido convocados a declarar a La Paz.

investigaciÓn
Otro involucrado en el caso terrorismo y que busca intervención internacional es el ex presidente de la Unión Juvenil Cruceñista, David Sejas, quien ya envió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA una demanda en contra del Estado boliviano por el delito de lesa humanidad, persecución, atentado y violación a los derechos fundamentales.
El abogado de Sejas, Luis Orlando Reyes espera que en unas dos semanas tengan una respuesta de la OEA, además que la denuncia se adhiere también a la interpuesta por Mario Tadic.
Sejas que se encuentra refugiado en Brasil también dijo telefónicamente por la red ATB que el fiscal de La Paz, Marcelo Soza, se reunió el pasado viernes en Corumbá con el ex asesor de la Unión, Alejandro Braun y el ex gerente del Comité Lorgio Balcázar, a quienes acusó de dar nombres a la Fiscalía de donde habría salido la nueva lista de citados.
Desde este viernes tendrán que ir a declarar a La Paz 13 personas, entre ellas el director de la radio Iyambae, Arturo Mendivil, quien dijo no tener miedo y que esto es parte de la estrategia de terror del Gobierno.

Convocan una colecta por Suárez

La presidenta del Concejo Municipal, Mery Elina Zabala, convocó ayer a la población para recaudar de “un boliviano” con el objetivo de pagar la fianza de Bs 250 mil que le impuso un juez al gobernador del Beni, Ernesto Suárez por administrar el referéndum revocatorio.
“Fue una fianza excesiva cuando aquí se gastó en el referéndum tres millones y medio de bolivianos mientras que en Santa Cruz que se gastó más la fianza para el gobernador fue menos”, dijo la presidenta del Concejo pidiendo a la población que colabore para pagar la fianza.
El pasado viernes un juez beniano determinó el arraigo y el pago de Bs 250 mil al Gobernador beniano. La colecta se iniciará en la Plaza Principal hoy pero se extenderá a toda la ciudad de Trinidad.
Por su parte, el gobernador Suárez lamentó que haya existido una “decisión presionada de mano del Gobierno” y sostuvo que se asumió una posición política y arreglada con el Ministerio Público.