Las organizaciones que aglutinan a los trabajadores de la prensa, a las que se sumaron medios de comunicación de diferentes partes del país, han iniciado una batalla en contra de dos artículos específicos del proyecto de Ley Antirracismo. Y al hacerlo, se han preocupado de aclarar que objetan, puntualmente, los numerales 16 y 24, no así el espíritu de la norma.
Periodistas, empresas de medios y carreras de Comunicación en las universidades coinciden en que esta ley corre el riesgo de constituirse en una peligrosa herramienta de control político de los contenidos de la prensa nacional. El proyecto, que ha sido aprobado en Diputados y espera el visto bueno del Senado en la Asamblea Legislativa Plurinacional, es motivo de debate no sólo en el ambiente del periodismo.
El hecho de que una ley o, aunque éste no fuera el caso, directamente una disposición gubernamental afecte a la libertad de expresión, constituye un grave peligro para el normal desenvolvimiento de cualquier democracia. La vulneración de este derecho fundamental, así como el de la libertad de prensa, que atañe al trabajo de los periodistas, puede resultar peligrosa para el futuro del país, puesto que se colocarían límites a las manifestaciones del pensamiento humano a través de los medios de comunicación.
Por eso la férrea defensa de la libertad de expresión, no como un atributo exclusivo de la prensa, aunque ésta sea una especie de termómetro para medir si existe o no en una sociedad.
La ley que se pretende aprobar en el Congreso abre las puertas a la autocensura, lo cual sería injusto para el trabajo del periodismo en libertad y, por ende, para el derecho de la ciudadanía de ser informada.
Tampoco parece justa la apreciación del Presidente en sentido de que todo el que se opone al proyecto de ley es “racista confeso”. Aunque para algunos el proyecto de Ley contra el Racismo y toda forma de Discriminación podría ser mejorado, nadie objeta la propuesta que busca evitar prácticas discriminatorias que tanto daño han causado a nuestra sociedad.
El Senado está a tiempo de modificar los artículos 16 y 23, de demostrar su compromiso con las libertades y de no avalar un error gravísimo que afectaría a la democracia boliviana. Ojalá que las instancias de negociación sean posibles, porque el diálogo sólo puede hacerle bien al país.
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