Fernández fue detenido el 18 de setiembre de 2008, en su despacho. En ese momento ocupaba el cargo de gobernador del departamento de Pando, fronterizo con Brasil.
Pando forma parte de la llamada “media luna”, junto con los departamentos de El Beni, Tarija y Santa Cruz. Hasta hoy, el gobierno de Morales insiste en que el movimiento autonomista tenía como objetivo dividir Bolivia, en dos estados diferentes.
Líderes políticos y diversas organizaciones civiles del oriente boliviano se cansaron de repetir que nunca se buscó partir en dos a Bolivia; pero el gobierno utilizó en forma muy hábil este discurso, para crear un enemigo.
El Altiplano se plegó en pleno tras el gobierno para defender la soberanía del país. Un discurso muy simple, pero siempre efectivo: la patria en peligro.
“Tengo ocho cargos en mi contra, me vaciaron el Código Penal. Mi conciencia está tranquila, la acusación de genocidio es absolutamente falsa. Yo estoy preso por mis convicciones democráticas”, expresó Fernández.
La gobernación de Pando fue un golpe muy duro para el movimiento autonómico y marcó el inicio de una nueva modalidad de persecución política: procesos penales para desarticular la oposición.
“No tenemos que permitir que Bolivia sea una nueva Cuba, manejada en forma dictatorial por un gobierno absolutista. Tenemos que luchar para que Bolivia no pierda su libertad”, expresó con convicción el detenido en la penitenciaría de San Pedro.
Agregó lo siguiente: “Si esto llega a suceder, vamos a perder todas aquellas libertades que poco a poco fuimos ganando para nuestro país”.
Una ley a la medida
Fernández cumplió 2 años y cinco meses en San Pedro, sin haber prestado hasta el momento declaración ante un magistrado. Está en prisión en virtud de una detención preventiva dictada por el Ministerio Público.
El Código de Procedimientos Penales disponía que al cumplirse 20 meses de detención preventiva, el reo debía ser puesto en libertad; el ex gobernador estaba seguro que podría pelear su libertad dado que la fiscalía no puede sostener la acusación de genocidio.
Sin embargo, el gobierno de Morales sorprendió a Bolivia al presentar un proyecto de ley modificando el Código de Procedimientos Penales: el Congreso, controlado por el Movimiento Al Socialismo (MAS) extendió la detención preventiva hasta 36 meses.
Un principio jurídico internacionalmente admitido es que las leyes no son retroactivas. La práctica de derecho internacional no fue considerada en el caso de Fernández, quien ahora deberá esperar que se cumplan 36 meses de detención, con la posibilidad de una nueva modificación del código.
Dictadura por la vía democrática
La ministra Nardy Suxo fue enviada por el gobierno de Evo Morales a Asunción, en procura de lograr el rechazo al pedido de refugio político solicitado por Mario Cossío. En oportunidad de una reunión de prensa realizada en la Embajada boliviana, la ministra anticorrupción dijo lo siguiente: “Nuestro gobierno quiere juzgar a Leopoldo Fernández, pero no podemos hacerlo por las chicanas que plantea”.
El detenido rechazó de plano el comentario de la ministra de Evo Morales: “Es absurdo plantear chicanas estando dentro de la cárcel; las maniobras jurídicas se llevan a cabo para no entrar en la penitenciaría, una vez dentro lo único que se pretende es llegar a juicio”.
Agregó: “Yo reclamo que se lleve a cabo el juicio, exijo ser presentado ante un juez. Tengo todas las pruebas y documentos necesarios para demostrar que la acusación de genocidio es absolutamente falsa”.
“El Gobierno –siguió diciendo– no me presenta ante los jueces porque voy a demostrar la canallada que cometieron en Pando y sobre todo, tengo los documentos que dejan al descubierto que el enfrentamiento que terminó con la muerte de 11 personas fue un montaje del Movimiento Al Socialismo, con el visto bueno de Evo Morales Ayma”.
El político de oposición explicó que “en Bolivia existe una dictadura. Aunque Evo Morales fue elegido en forma democrático, el gobierno es totalitario: controla en forma absoluta todos los poderes del Estado y muy particularmente el Poder Judicial, que se convirtió en una herramienta para perseguir disidentes”.
No dudó en señalar que “el MAS no tiene un objetivo claro, salvo mantenerse en el poder sin importar el costo. En este momento Bolivia no tiene un norte, salvo la claridad de que la democracia se intenta destruir”.
En su opinión, el resultado de esta situación es que “desde el poder se plantea una revolución, habiendo llegado al gobierno por la vía democrática. Y ahora trabajan para consolidarse a través de un enfoque único: la disidencia tiene que decapitarse”. /ABC.
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