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jueves, 12 de mayo de 2011

Harold Olmos advierte el traslado de campesinos de la provincia por orden MAS para apoyar la sustitución de un concejal que podría decidir la destitución del Gobernador Costas

Desde San Juan de Yapacaní y San Julián han partido cientos de personas hacia Santa Cruz para presionar por el mantenimiento de la prisión que durante más de tres días guarda el presidente de la Asamblea Legislativa, Alcides Villagómez,  acusado negarse a posesionar a una representante de  una tribu indígena denominada Yuracaré-Mojeña. Villagómez se ha declarado preso político. Me lo dicen fuentes del Comité pro SantaCruz, que se ha declardo en emergencia y en vigilia para proteger a Villagómez y a otra autoridad legislativa que también sería enjuiciada.
La denominación Yuracaré-Mojeña debe significar que la tribu resulta de una fusión de dos tribus. Villagómez es del Partido Verde, que sustenta al gobernador Rubén Costas, cuya línea política antagoniza con la del gobierno del presidente Morales. El gobierno cruceño cree que la presión para defenestrar a Villagómez o para posesionar a la asambleísta Rosmery Gutiérrez, yuracarémojeña, representa un avance para apartar del gobierno departamental al gobernador Rubén Costas, pues aquella denominación no aparece en la constitución que lista a las tribus en Bolivia.
La marcha desde aquellas dos poblaciones del norte cruceño ha causado una situación de emergencia en las entidades cívicas y el Comité pro Santa Cruz se mantenían esta noche en sesión permanente para tomar determinaciones que contribuyan a detener la marcha y apagar el fuego del conflicto. La cuestión era  ¿cómo? Escuché de algunos dirigentes decir que esta vez Santa cruz no se dejará atemorizar. Parecía que las hachas de la guerra estaban siendo desenterradas.
El problema resulta de la fragmentación en la que se encuentra Bolivia con 34 tribus indígenas, algunas verdaderamente minúsculas, necesitadas de atención y no de conflictos.
Los aprestos parecían prolegómenos como los que ocurrían a mediados del año 2008, cuando miles de campesinos rodearon Santa Cruz y se temía un enfrentamiento sangriento que fue desactivado a último momento. El comité ha pedido la presencia en Santa Cruz de representantes de la comisión de DDHH de la OEA. En los próximos días habrá una “asamblea dela cruceñidad’.
Una solución para este problema estaría en realizar pruebas de DNA entre todos los pertenecientes a las diferentes tribus y rastrear los resultados con los de los mayores. Si concuerdan, OK. Habría  una simplificación étnica.
¿Quién le pone el cascabel al gato?