El Estado Plurinacional centralista maneja casi el 85 por ciento de los recursos de Bolivia y lo que queda, se lo llevan nueve gobernaciones, nueve universidades públicas y 357 municipios. Si este es el concepto de autonomía que promueve el oficialismo y que toleran los autonomistas, mejor estábamos antes, mucho mejor. Y que no mientan los que digan que estamos avanzando porque el futuro se viene aún más negro. Ideas no faltan.
La última tiene que ver con la Ley de “Clasificación de Impuestos”, una norma que le otorga la plena potestad a la Asamblea Legislativa Plurinacional para crear nuevos tributos, mientras que los concejos municipales y las asambleas departamentales deben conformarse con un par de contribuciones, hecho que las llevará tal vez, a los tiempos en los que las alcaldías vivían de los cueros de las vacas y el “sitiaje” que pagan los gremiales de los mercados. En esas condiciones, a las prefecturas apenas les alcanzaba para pagar el chofer, la secretaria y el asesor legal, mientras que un municipio de la talla del cruceño se conformaba con pavimentar una avenida por gestión.
El proyecto de ley, que ya fue aprobado por el Senado, surge de la Ley Marco de Autonomías, refleja mejor que nada el desprecio que siente el régimen de Evo Morales por el proceso autonómico, al que le dijo “No” en reiteradas ocasiones y al que se sumó por motivos netamente electoralistas. En la propuesta se insiste cínicamente que los gobiernos municipales y las gobernaciones tendrán la potestad de crear sus propios impuestos, sin embargo, en los hechos casi todo está reservado al Estado central, incluso la tributación sobre aquellos sectores que afectan directamente a la jurisdicción o el ámbito territorial ya sea comunal o regional.
Los municipios únicamente podrán mantener los actuales impuestos a los bienes inmuebles, a los vehículos automotores, a las transferencias de ambos y al consumo de chicha, además de añadir un tributo a la afectación al medio ambiente por el uso de motorizados. En el caso de que surja una propuesta para incrementar ingresos, la autoridad con la potestad de aceptarla o rechazarla será el Ministerio de Finanzas, un actor que será al mismo tiempo juez y parte del proceso y que obviamente refuerza el centralismo y menoscaba la autonomía municipal.
Lo ideal sería, en este caso, que el órgano técnico encargado de la evaluación de las políticas tributarias esté conformado por representantes de los tres niveles de Gobierno, el nacional, el departamental y el municipal, pues de lo contrario sería un retroceso, ya que en principio, era el Senado el filtro para la creación de nuevos impuestos y posteriormente se dibujó un esquema más distributivo y descentralizador a través de la Ley 843 de Reforma Tributaria de 1986, que significó un importante avance del municipalismo.
Con esta nueva ley se elimina de cuajo el debate sobre el Pacto Fiscal entre los tres niveles de gobierno, que en el fondo, buscaba dilucidar cuáles son realmente los recursos que necesitan las entidades territoriales autónomas para hacerse cargo de las competencias que les han sido otorgadas por la Constitución Política del Estado. Se trata de ponerle un candado a las autonomías, ahogarlas y dejarlas morir por inanición, con el objetivo de perpetuar un Estado centralista, que derrocha, que gestiona mal y que chantajea a municipios y gobernaciones porque mantiene en sus manos la llave de paso de los recursos que son de todos los bolivianos.
La última tiene que ver con la Ley de “Clasificación de Impuestos”, una norma que le otorga la plena potestad a la Asamblea Legislativa Plurinacional para crear nuevos tributos, mientras que los concejos municipales y las asambleas departamentales deben conformarse con un par de contribuciones, hecho que las llevará tal vez, a los tiempos en los que las alcaldías vivían de los cueros de las vacas y el “sitiaje” que pagan los gremiales de los mercados. En esas condiciones, a las prefecturas apenas les alcanzaba para pagar el chofer, la secretaria y el asesor legal, mientras que un municipio de la talla del cruceño se conformaba con pavimentar una avenida por gestión.
El proyecto de ley, que ya fue aprobado por el Senado, surge de la Ley Marco de Autonomías, refleja mejor que nada el desprecio que siente el régimen de Evo Morales por el proceso autonómico, al que le dijo “No” en reiteradas ocasiones y al que se sumó por motivos netamente electoralistas. En la propuesta se insiste cínicamente que los gobiernos municipales y las gobernaciones tendrán la potestad de crear sus propios impuestos, sin embargo, en los hechos casi todo está reservado al Estado central, incluso la tributación sobre aquellos sectores que afectan directamente a la jurisdicción o el ámbito territorial ya sea comunal o regional.
Los municipios únicamente podrán mantener los actuales impuestos a los bienes inmuebles, a los vehículos automotores, a las transferencias de ambos y al consumo de chicha, además de añadir un tributo a la afectación al medio ambiente por el uso de motorizados. En el caso de que surja una propuesta para incrementar ingresos, la autoridad con la potestad de aceptarla o rechazarla será el Ministerio de Finanzas, un actor que será al mismo tiempo juez y parte del proceso y que obviamente refuerza el centralismo y menoscaba la autonomía municipal.
Lo ideal sería, en este caso, que el órgano técnico encargado de la evaluación de las políticas tributarias esté conformado por representantes de los tres niveles de Gobierno, el nacional, el departamental y el municipal, pues de lo contrario sería un retroceso, ya que en principio, era el Senado el filtro para la creación de nuevos impuestos y posteriormente se dibujó un esquema más distributivo y descentralizador a través de la Ley 843 de Reforma Tributaria de 1986, que significó un importante avance del municipalismo.
Con esta nueva ley se elimina de cuajo el debate sobre el Pacto Fiscal entre los tres niveles de gobierno, que en el fondo, buscaba dilucidar cuáles son realmente los recursos que necesitan las entidades territoriales autónomas para hacerse cargo de las competencias que les han sido otorgadas por la Constitución Política del Estado. Se trata de ponerle un candado a las autonomías, ahogarlas y dejarlas morir por inanición, con el objetivo de perpetuar un Estado centralista, que derrocha, que gestiona mal y que chantajea a municipios y gobernaciones porque mantiene en sus manos la llave de paso de los recursos que son de todos los bolivianos.
Se trata de ponerle un candado a las autonomías, ahogarlas y dejarlas morir por inanición, para perpetuar un Estado centralista, que derrocha, que gestiona mal y que chantajea a municipios y gobernaciones porque mantiene en sus manos la llave de paso de los recursos.
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