Organizaciones de la prensa y de medios de Bolivia alertaron hoy sobre los riesgos para el periodismo y para el funcionamiento de radios y canales de televisión de la nueva ley de Telecomunicaciones impulsada por el presidente Evo Morales.
Dirigentes de la Asociación de Periodistas de La Paz (APLP) y la Asociación Boliviana de Radiodifusoras criticaron la norma aprobada en primera instancia el martes por la Cámara de Diputados, controlada por el oficialismo.
El presidente de Asbora, Raúl Novillo, y el fiscal general de la APLP, Antonio Vargas, criticaron, en declaraciones el hecho de que la normativa haya sido hecha "sin diagnóstico previo" de la situación del sector y "al margen" y "a espaldas" del sector que debe cumplir con la regulación.
También alertaron de que la ley permitirá que el control de las radios y los canales se desplace al Estado y que los medios sean obligados a trasmitir dos mensajes del presidente Morales al año de forma gratuita, entre otros asuntos polémicos.
A juicio de Vargas, la norma "es parte de una arquitectura jurídica que trata de vulnerar las libertades constitucionales con el control de los medios de comunicación y el trabajo periodístico".
La ley fija un 33 % del espectro electromagnético para el sector privado comercial, otro 33 % para el Estado, un 17 % para los pueblos indígenas y otro 17 % para organizaciones sociales.
Según los críticos, en la práctica el Gobierno controlará hasta un 66 % del espectro debido a su relación con las organizaciones indígenas y sociales.
"Hay un peligro de manipulación informativa con un 66 % del control del espectro en todo el país", apuntó Novillo.
Agregó que el Gobierno tendrá la posibilidad de cancelar las licencias de medios comerciales para dar espacio a otro tipo de propietarios como el Estado o grupos indígenas, pues técnicamente el espectro tiene límites.
Novillo declaró que otro de los riesgos para las más de 680 estaciones de radio que funcionan en el país es que la norma fija una licencia por diez años con una única posibilidad de renovación por un período similar, tiempo después del cual pueden ser cerradas.
El diputado oficialista Marcelo Elío, presidente de la Comisión de Planificación que perfiló la norma, justificó que la ley busca una "adecuada administración del recurso electromagnético y que no regula los contenidos de los medios de comunicación".
Defendió la norma porque, en su criterio, establece el "acceso universal" al servicio de telecomunicaciones y la inviolabilidad de la correspondencia electrónica.
El vicepresidente del país, Álvaro García Linera, aseguró esta semana que, al contrario de lo que denuncia la oposición, no habrá "estatización" de las frecuencias porque se fijó una distribución del espectro electromagnético que considera "justa y equilibrada".
No obstante, dijo que el "sector privado no lo es todo en Bolivia" en la actualidad y no lo será en el futuro porque en el país hay actores privados, estatales, comunitarios y sociales.
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