En el caso concreto de Santa Cruz, la postergación confirmada por el propio presidente Morales, viene a ser una mala noticia pese a las explicaciones y las justificaciones que se han ofrecido. Decimos mala noticias porque Santa Cruz no está recibiendo desde hace por lo menos una década la cantidad de recursos económicos que por justicia le corresponde, en razón del número de habitantes con que cuenta. Esta suerte de privación de lo que le corresponde no sólo posterga la ejecución de proyectos vitales para el departamento, sino que limita y condiciona la magnitud y alcance de las obras que se presupuestan para atender las demandas de una población cruceña cada vez más grande.
De algún modo los gobiernos de turno se las han ingeniado para no tomar en cuenta la población actual y el departamento sigue recibiendo recursos calculados para una población censada y estimada hace una década. Siendo ésta la situación, habrá que dar crédito a los números presentados por la Gobernación cruceña, donde se señala que el crecimiento de Santa Cruz de la Sierra en los últimos diez años, sumado a la falta de encuestas intercensales, hace que en este municipio se dejen de percibir recursos económicos para cerca de un millón de personas. En los hechos significa la interesante suma de ciento diez millones de bolivianos que adeuda el Gobierno a la capital cruceña.
El Gobierno defiende la medida de la postergación señalando fundamentalmente como causales a los problemas climatológicos y de financiamiento. Lo evidente es que existe un importante atraso que la oposición atribuye a intereses políticos por parte del Gobierno. Los opositores están en su pleno derecho de sospechar de cualquier medida gubernamental que tenga que ver con distribución de recursos, porque consideran que se pretende llevar agua al molino propio. También se ha atribuido el atraso a la falta de una delimitación clara entre municipios, lo que lleva a la obligación de resolver entuertos de larga data que pueden permanecer como obstáculos para el avance deseable del proceso.
De cualquier naturaleza que sean los argumentos presentados para la postergación del censo para el 2012, el departamento de Santa Cruz se siente con toda razón perjudicado, especialmente si durante muchos años viene reclamando sin éxito una justa distribución de recursos por número de habitantes, lo que se ha dado con mayor notoriedad en su ciudad capital. Resulta legítimo que se eleve una protesta ante el Gobierno, incidiendo en que el traslado de la fecha del censo marca a fuego una reiterada postergación que no tiene asidero, pero que agranda la deuda permanente del Gobierno para con Santa Cruz.
El traslado de la fecha del censo marca a fuego una reiterada postergación que no tiene asidero, pero que agranda la deuda permanente del Gobierno para con Santa Cruz.
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