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martes, 26 de julio de 2011

por escuchas telefónicas se cae un imperio en Inglaterra. en Bolivia se lo quiere someter al poder político del MAS. tienen cocinada su Ley.




Escucha telefónica solo en dos casos

Mauricio Aira


Se pretende aprovechar el pánico y convertir el espionaje telefónico o informático en instrumento represivo cuando sabido es que la mayor parte de los países del mundo sólo permiten la excepción, o sea el recorte de esta libertad fundamental en caso de terrorismo o narcotráfico. El tema es muy sensible por cuanto tiene que ver con la privacidad, la vida familiar y la intimidad de los hogares. Darle un sentido político a la violación de la comunicación telefónica o de internet significa simple y llanamente un abuso, un exceso de autoridad.
El argumento de velar por la seguridad del Estado es deleznable, un pretexto, una buena disculpa que puede tener mucho valor en tiempos de guerra o de conflicto internacional, inclusive si acaso se diera el riesgo de una conflagración, pudiera ser posible que la ciudadanía aceptase como tercer motivo además de terrorismo y narcotráfico como lo hemos mencionado, siempre y cuando lo solicite un fiscal y un juez conceda la medida, en casos específicos, jamás como algo generalizado y fácil de obtener.
Lo que estamos explicando tiene que ver con la licencia que se da el gobierno de turno para pinchar los teléfonos de sus opositores, de sus militantes, de las autoridades o instituciones a las que se quiere controlar. En Venezuela se ha denunciado casos de haber sido usado el material informativo de “los pinchazos” como motivo de chantaje en una mezcla intolerable y abusiva de temas políticos, conyugales, de negocios o de difusión de secretos industriales o empresariales.
Los senadores que verán el texto elevado de la Cámara Baja, se encontrarán con el controvertido capítulo 111 que obliga a los operadores y proveedores de telecomunicación a “cooperar de manera gratuita y oportuna a las autoridades legítimas. Otro Perogrullo porque lo de “legítimo” siempre puede ser discutible especialmente bajo el régimen del MÁS, donde el 90% de las autoridades son interinas, puestas a dedo, sin mérito alguno.
El segundo aspecto de la Ley se refiere a la emisión, trasmisión y recepción de la información oficial como los discursos del Presidente, lo que sería lógico y natural tratándose de un uso moderado y reducido a unas pocas veces por año, de ninguna manera a la trasmisión de discursos, arengas, propaganda y hasta alabanzas como ocurre en Cuba o Venezuela de manera constante, periódica y con el más disparatado motivo. Las trasmisiones en cadena  por Radio y Televisión deberían tener lugar en las grandes fechas del calendario nacional, por tiempo moderado y en horarios no centrales, salvo la real necesidad.
Pregunte a los cubanos cómo sentían el peso de las interminables peroratas de Fidel, cuya duración de cinco, seis y más horas han batido el récord del libro de Güines, y el programa de Chávez igualmente largo, aburrido, innecesario de los fines de semana.
Menos mal que  por una vez los asambleístas rechazaron la millonaria condonación de la deuda de Entel que creyéndose con derecho a un tratamiento privilegiado al ser empresa nacionalizada pretendió que de un tirón se olvidaran las acreencias y se le otorgase “un perdonazo” para limpiar su economía. Aunque siendo deuda de una empresa del Estado al mismo Estado, las cosas quedarán sin solución por un largo tiempo.
Oportuno recordarles a los senadores lo que está ocurriendo en Inglaterra por las violaciones en las escuchas telefónicas que determinaron la clausura de la cadena de diarios de Murdock, puesto que los legisladores han querido sentar un precedente, aplicando todo el rigor de la Ley que penaliza este tipo de delito. No sería extraño que toda la plana mayor de Murdock termine en la cárcel, además de pagar exorbitantes sumas de dinero por concepto de indemnización por el daño provocado. Los otros aspectos del proyecto de Ley ya aprobado por diputados, están siendo cuestionados por la Federación de Cooperativas Telefónicas de Bolivia (FECOTEL) que les significará una merma en su gestión financiera.