La gestión del presidente de Bolivia, Evo Morales, atraviesa un momento crítico como consecuencia de la violenta represión policial contra una marcha indígena guaraní, que protestaba en procura de paralizar la inconsulta construcción de una carretera que atraviesa su territorio: el del Parque Nacional Isiboro Sécure.
La represión, de una dureza extrema, dejó un saldo de un manifestante muerto y acusaciones de que habría algunos otros desaparecidos. Provocó, además, la renuncia de la ministra de Defensa, así como la del titular del Interior.
Evo Morales enfrenta no sólo la ruptura con los principales movimientos indigenistas, sino una huelga general convocada por la Confederación Obrera Boliviana, que hasta no hace mucho lo apoyaba, como expresión de solidaridad con los reprimidos. Esto, en el marco de una opinión pública que cada vez se muestra más desilusionada con su presidente y comienza a manifestar indignación.
Ocurre que la cobardía del ataque contra los manifestantes, perpetrado cuando estaban almorzando, unida a la desproporción con que se los reprimió, resulta absolutamente inaceptable y ha suscitado un rechazo generalizado, tanto dentro como fuera de Bolivia.
El pedido tardío de perdón realizado por el mandatario, que aceptó que existieron excesos, no desliga a su gobierno de la responsabilidad consiguiente ni parece haber calmado a los movimientos indígenas. En los hechos, la marcha de los guaraníes hacia la ciudad de La Paz continuará, ahora con mucha mayor visibilidad. A ella se sumarán, según otros anuncios, otras marchas de campesinos e indígenas que exigen a Morales resolver convenios postergados, como el referido a los límites departamentales entre Oruro y Potosí.
Morales, que ha desdibujado la democracia boliviana, está perdiendo aceleradamente popularidad. Pero no por ello deja de tratar de consolidar un poder hegemónico para su partido, el Movimiento al Socialismo. Bolivia se apresta a concurrir nuevamente a las urnas, el 16 del corriente, para reestructurar el Poder Judicial, con la posibilidad de que sus magistrados también terminen siendo sumisos al poder político.
La marcha que fue reprimida llevaba semanas de tránsito pacífico. No obstante, desde el gobierno se había convocado a grupos de choque de otras etnias para tratar de interrumpirla.
La crudeza de las imágenes de horror transmitidas por los medios parece haber provocado una fuerte reacción popular adversa que agrava el acelerado deterioro político del mandatario boliviano.
Desde el gobierno se denuncia ahora la existencia de "un complot mediático", como si simplemente informar a la población acerca de episodios lamentables, como el sucedido en la región de Yucumo, fuera "desestabilizador". Lo que equivale a sostener que los medios no pueden informar objetivamente al pueblo boliviano acerca de lo que sucede cuando resulta palmario que el gobierno central ha abusado de su autoridad y utilizado irresponsablemente la violencia.
El autoritarismo político propio del modelo que ha estructurado Evo Morales, una vez más, ha derivado en la restricción de la libertad de expresión y en el cercenamiento violento de las libertades civiles del pueblo boliviano, lo que ha erosionado aún más la imagen de quien lo gobierna desde el Palacio Quemado. Morales se ha ido alejando más y más de quienes originariamente conformaron las bases sobre las que se sustentó el poder de la actual administración, que hoy se muestran profundamente desilusionadas..
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