Los sustentados cuestionamientos a la elección de autoridades judiciales que se han ido presentando desde la aprobación de la Ley del Régimen Electoral y sus respectivos reglamentos, y que se han extendido a la elección de las actuales autoridades electorales, al proceso de selección de candidatos al Órgano Judicial, a los intentos de controlar la información sobre el tema y a la forma en que se han procesado y presentado los resultados oficiales de la elección del pasado 16 de octubre, así como el predominio de los votos nulos y blancos sobre los válidos, han puesto en duda la validez moral de este proceso electoral.
Como no podría ser de otra manera, este extremo es rechazado tajantemente por el Gobierno y el MAS que, por lo que declaran sus voceros, han decidido ignorar esta demanda y conformar el Órgano Judicial de acuerdo a sus designios. Incluso algunos vocales electorales han amenazado con procesar a sus críticos.
Entre quienes han optado por el rechazo, hay dos corrientes claras. Una, abanderada por el Movimiento Sin Miedo (MSM) y Unidad Nacional (UN), que han hecho denuncias de fraude y comisión de errores no rectificados, proponiendo anular todo el proceso.
La otra, desde varias organizaciones de la sociedad civil, han propuesto que al no haberse respetado el espíritu constitucional de esta elección y dado que los votos nulos y blancos han superado ampliamente a los válidos, lo que corresponde es que en aras de un principio básico de honorabilidad y para garantizar la reforma de la justicia en el país, renuncien las personas elegidas con el voto minoritario y den lugar a que se reinicie el proceso de renovación del Órgano Judicial.
Nuestra rica historia da pie para poder avanzar en ese rumbo. Basta recordar, como ejemplo de que espurias manipulaciones electorales no alcanzan para imponerse a una voluntad mayoritaria, la elección de 1978, cuando desde el poder se manipuló groseramente a favor del candidato de la cesante dictadura militar. O cuando la denominada “banda de los cuatro”, en 1989, infringió un duro golpe al sistema electoral que, empero, tuvo la consecuencia de que el sistema político partidario actúe con sensatez y decida conformar una corte electoral independiente, decisión que ha permitido que hasta ahora la ciudadanía confíe en que el destino de su voto será el que le ha dado sin que se lo modifique en los laboratorios de los partidos mayoritarios.
Incluso un intento de volver a partidizar el Órgano Electoral, el año 2001, fue impedido por la sólida oposición de la sociedad boliviana que hizo que vocales electorales con simpatía partidaria, elegidos por una mayoría circunstancial, tuvieran que renunciar por no tener la legitimidad suficiente para ejercer su mandato.
En este sentido, por el bien de la reforma judicial y la consolidación de la nueva institucionalidad propuesta por el M AS en la nueva CPE, bien le valdría al Gobierno escuchar estas demandas y actuar respetando el sentir de la ciudadanía. Seguir obcecados en la búsqueda del control total del Estado, sólo provocará, como nos muestra nuestra historia, que decisiones que se propusieron para el largo plazo, sólo duren el tiempo que sus propulsores detenten poder.
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