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domingo, 18 de diciembre de 2011

Los Tiempos demanda poner fin al uso político de la Justicia porque al ser destituído el Gobernador del Beni por una acusación judicial se está afectando a la Democracia.

Si bien no ha sido una sorpresa, la destitución del primer gobernador electo del Beni muestra que se mantienen corrientes dentro del Gobierno y el MAS decididas a imponer su voluntad antes que respetar la voluntad ciudadana. Más aún, si al aplicar este sui generis “golpe departamental” en Beni sólo queda como gobernador democráticamente electo el de Santa Cruz, que también se ve acosado por una serie de demandas judiciales.
Por donde se mire, esta destitución muestra en cuan frágil situación ha sido colocado el sistema democrático pese a que es apoyado ampliamente por la ciudadanía como se ha demostrado en las sucesivas elecciones a las que ha sido convocada. Una vez más se impuso la inconstitucional norma de que basta que un fiscal presente imputación formal a una autoridad del nivel regional para que ésta sea suspendida, arbitrariedad que, además, se aplica raudamente cuando esta autoridad pertenece a la oposición, pero que tiene infinidad de recursos dilatorios cuando se trata de autoridades del oficialismo, como se ha visto en Yapacaní a principios de este mes.
Es este doble rasero el que permite dudar de que la destitución de estas autoridades sea por corrupción. Más bien, se consolida la percepción –por lo demás, aceptada en corrillos por dirigentes del MAS– de que el objetivo es copar todas los niveles estatales del país. Se trata, pues, de la búsqueda del poder hegemónico como en varias oportunidades han señalado importantes intelectuales afines a este proceso, para los cuales el sistema democrático no es sino una careta de obligatorio uso dadas, sobre todo, las condiciones internacionales.
Pero, revisando la gestión del Gobierno actual es posible considerar que esta arremetida se debe también a las difíciles circunstancias por las que está atravesando, al haber roto importantes alianzas con diferentes sectores sociales, reduciendo su respaldo social. En esas circunstancias, recurre a acciones represivas con manto jurídico buscando reconfirmar su legitimidad, como sucedió con el caso El Porvenir en Pando, los enfrenamientos en Santa Cruz de 2008 o la destitución del Gobernador de Tarija.
En ese contexto, no está demás insistir en que el problema de fondo es que mientras se pierde tiempo en este tipo de acciones, el país tarda en enfrentar los desafíos que están directamente relacionados con la lucha contra la pobreza, el incremento desmesurado de una burocracia cada vez más satisfecha y autista, y el avasallamiento insano a la precaria institucionalidad que el país logró construir en este difícil y complejo proceso democrático abierto en 1982.
Por lo señalado, es preciso insistir y exhortar a las autoridades a comprender que ni con la conquista del poder total ni con la permanente zozobra política enfrentaremos los verdaderos problemas del país. Si algo nos enseña la historia es que sólo en procesos de largo aliento, con pleno respeto a los derechos humanos, las libertades y el Estado de derecho, es posible avanzar en la solución de aquéllos. Por eso, se debe poner fin al uso político de la justicia y buscar acuerdos que permitan avanzar hacia un desarrollo sostenible y equitativo, que es lo que necesita el país.