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viernes, 13 de enero de 2012

L.T. explica claramente la causa de la violencia en Yapacaní. sin autoridad moral EM se enreda en trajines por el control de la coca.


Estamos nuevamente ante una muestra de lo que ocurre cuando se subordinan los medios institucionales a los intereses de facciones
Una vez más la violencia, por negligencia de los dirigentes y las autoridades, se ha apoderado de la sociedad. Esta vez el escenario ha sido Yapacaní, en Santa Cruz, donde dos fracciones del partido de Gobierno en pugna por la Alcaldía han provocado enfrentamientos que han cobrado tres muertes confirmadas y decenas de heridos.
En los actos de violencia, buena parte de la población se alió con la fracción del MAS que quiso impedir el retorno a sus funciones del Alcalde electo en abril de 2010 y que fuera expulsado de la zona el pasado mes de diciembre. En tanto, la otra fracción, que respalda a esa autoridad y cuenta con la confianza del Gobierno, tuvo el apoyo de alrededor de 400 efectivos de la Policía Boliviana que fueron destinados, presuntamente, a evitar que se desborde la violencia.
Sin embargo, el contexto es más complejo. Las autoridades han sostenido, desde que comenzó el conflicto —que incluyó la realización de  un duro bloqueo de la carretera Cochabamba-Santa Cruz por casi una semana a principios de diciembre del año pasado—, que la forma de destituir a un alcalde elegido mediante el voto popular no es la asonada sino su procesamiento y siempre y cuando el fiscal asignado emita una acusación formal, o pedir un referendo revocatorio. Sobre esta posición —refrendada, además, por una sentencia constitucional— dieron su pleno respaldo al Alcalde cuestionado.
Pero, la fracción disidente del MAS mantuvo la decisión de destituir al Alcalde quien, al fugar de la localidad, transó en diciembre con pedir licencia y ser sustituido por un miembro del Concejo de Yapacaní, hecho que devolvió la tranquilidad a la región hasta que se emitió la sentencia constitucional invalidando esa renuncia, que fue aprovechada por el Alcalde interpelado para recuperar el puesto con el apoyo de la fuerza pública, generando las condiciones de violencia que se comenta.
Ante esa realidad si el Gobierno tratara con la misma vara problemas similares, probablemente tendría la autoridad moral para imponer la majestad de la ley. El problema es que su forma de actuar varía en función a si los afectados son o no son del agrado de las autoridades. Cuando se trata de dirigentes que cuestiona o de la oposición, se activan todos los mecanismos para lograr su defenestración; en cambio, cuando se trata de dirigentes sumisos, nada funciona pese a tratarse de acusaciones similares.
Por otro lado, al tratarse, en el fondo, de un problema de facciones internas, sus mecanismos de debate interno han fracasado rotundamente, al punto que son varios los propios dirigentes del MAS de Santa Cruz que piden la destitución de algunos ministros, concejales y asambleístas de ese partido, acusándolos de ser promotores de los enfrentamientos o de incapacidad para evitar que la violencia se desborde.
Más allá de la investigación que el Ministerio de Gobierno ha ofrecido realizar sobre estos hechos, lo importante sería que, con visión política de largo plazo, se deje de actuar y utilizar los mecanismos legales y represivos en función exclusiva de su propio interés. La democracia y la convivencia pacífica, seriamente dañadas, así lo exigen.