Cuando no queda la menor duda del poco respeto de este Gobierno por la vida humana, es tiempo de reivindicar de nuevo el primer derecho humano, el derecho a la vida.
La información conocida en los últimos días refiere que en el periodo 2006-2012 se han producido un total de 57 muertes como consecuencia de conflictos sociales, y, de estas, 22 muertes como efecto directo de la represión policial.
Se trata no sólo de una dinámica de violencia que no cambia, sino de un número muy alto de vidas perdidas, más aún si consideramos la naturaleza y el origen de este Gobierno que nació en buena medida como parte del repudio que generó la violación de DDHH en el periodo 2000-2003, y especialmente en los acontecimientos trágicos de octubre de 2003.
El presidente Morales dijo en los albores de su gestión que si se producía un solo muerto en su Gobierno renunciaría al cargo.
Por supuesto que no lo hizo, pero además, en la mayoría de las ocasiones en que de manera evidente su Gobierno fue responsable directo de muertes de bolivianos, no expresó dolor, ni envió su condolencia a los familiares de las víctimas. Para un hombre que ha sufrido la represión en carne propia y que acusó de manera directa y agresiva a presidentes anteriores de ser autores directos de muchas muertes, para quien representa a los más pobres y desposeídos, esta dura frialdad es chocante e hiriente.
El Mandatario además fue el primero, cuando estaba en la oposición, en exigir renuncias de jefes policiales, militares, ministros y aún presidentes cuando se producían acciones represivas violentas. Ahora le toca a él, pero no asume responsabilidad por las acciones de las que —por razones obvias— como cabeza del Poder Ejecutivo, es actor directo. En la mayoría de las situaciones críticas protege a sus ministros y opta por descargar responsabilidades en jefes policiales frecuentemente subalternos.
Es un contrasentido si consideramos la evidencia de que pocas veces en nuestra historia democrática hemos tenido un Jefe de Estado más claramente autoritario y con un ejercicio tan secante del poder. Por ello, no es creíble que acciones de esta naturaleza no sean conocidas por el gobernante. Lo que no quiere decir que él haya dado la orden de reprimir sin contemplaciones, pero sí que lo que deriva de esa represión tiene un costo político que debe pagar en el nivel jerárquico que corresponda.
Dado el control total que el Ejecutivo tiene sobre los otros tres poderes, no sorprende la casi nula reacción de la Asamblea a la hora de investigar, interpelar, o censurar al Gobierno y sus autoridades. La gente, por su parte, sabe que cualquier intento de abrir juicios ordinarios o de responsabilidades (que se han abierto) contra autoridades de diverso rango, se estrellan sistemáticamente contra un Ministerio Público y un Poder Judicial que actúan bajo directa supervisión de la presidencia y la vicepresidencia.
Si en el periodo 2003-2005 hicimos cuestión de recuperar el valor sagrado de la vida al costo que fuera, hoy vemos con preocupación que el poder está encallecido y la sociedad asiste impotente a una escalada de violencia que acerca las cifras de víctimas mortales a los periodos más terribles de confrontación Estado-sociedad en tiempos de democracia.
Es indispensable una plataforma ciudadana con la presencia del Defensor del Pueblo y la Asamblea Permanente de DDHH, que interpele a la sociedad entera y desde luego a los gobernantes sobre esta situación inadmisible en una nación que busca perfeccionarse y superar las heridas profundas del pasado.
Consagrar la violencia como modo de la política es inaceptable, porque es resignarse a una forma de barbarie.
Las propias organizaciones del MAS deben preguntarse a dónde conduce una ruta que está segando vidas, como siempre de gente pobre y que en casi todos los casos es la carne de cañón de estos desafueros. ¿Hasta cuándo? ¿No era acaso un argumento del MAS, el que siempre los pobres eran las víctimas del poder de las élites? Este libreto repetido parece un mentís sangriento a toda la filosofía de transformación amparada en el “vivir bien”. ¿Es esta la forma de lograrlo?
Como en otros muchos asuntos, no hemos conseguido un pacto por la vida a partir del triunfo electoral de 2005 y los seis años de gobierno que están a punto de culminar. Seis años en los que la cultura de la violencia y de la muerte no se ha desterrado. El radicalismo de cierta oposición en estos años fue tan culpable como el Gobierno, y en ocasiones más que el Gobierno, y eso no se puede olvidar, pero episodios como Caranavi, La Guardia, San Aurelio y sobre todo Yapacaní, muestran el accionar represivo en el seno de la sociedad que este Gobierno dice representar.
Basta, es la palabra que los bolivianos debemos acuñar en defensa de la vida de nuestros compatriotas.
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