A la brutal represión contra los indígenas defensores del TIPNIS, producida el pasado 25 de septiembre en Yucumo, la administración de Evo Morales suma ahora una abusiva agresión contra la marcha de los discapacitados, que hoy día fueron gasificados y atacados con armas de electroshock, aplicadas al metal de las sillas de ruedas.
De acuerdo a un reporte de Radio Fides, el ex director de régimen interior del Ministerio de Gobierno, Boris Villegas, apodado el “Comandante Masking” por ser quien habría ordenado el uso de cinta de embalar para amordazar a los indígenas en el Beni, también estuvo presente en la Plaza Murillo durante la violencia ejercida contra los discapacitados.
Poco y nada queda de la imagen de “gobierno popular”, con la que el régimen cocalero buscó venderse a la opinión pública nacional e internacional. La cruda realidad es la de un poder emergido del circuito coca-cocaína, que ha convertido a la Policía y las Fuerzas Armadas en su guardia pretoriana.
La demanda de los discapacitados, de un bono anual de 4.800 Bs., se fundamenta en el hecho de que en el 2008, el oficialismo eliminó el subsidio estatal a los partidos políticos, con la excusa de destinar esos fondos para ayudas a las personas con capacidades diferentes.
Sin embargo, han transcurrido casi cuatro años sin que ese dinero (40 millones de Bs. al año) llegue a sus destinatarios.
El gobierno alega que en sus posibilidades sólo está la de pagar una renta de 1.000 Bs., restringida, además, a sólo 13.400 afiliados a un registro del Ministerio de Salud, cuando es conocido que los discapacitados de Bolivia suman 40.000.
Es decir, que la administración evista pretende entregar el equivalente a 2,7 Bs. diarios para un tercio de los discapacitados. Monto inferior, incluso, al destinado a los reclusos de las prisiones, que reciben 8 Bs. al día.
Razonamiento falaz el de la escasez de recursos, teniendo en cuenta que el fondo acumulado tras la eliminación del subsidio a los partidos sería de 200 millones de Bs., suficiente para cubrir la cifra reclamada por los marchistas.
El abuso cometido este 23 de febrero pasará a ahondar la fisura que separa, cada vez más, al régimen de la ciudadanía, que contempla con indignación la agresión desatada contra los más vulnerables…
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