Páginas vistas en total

martes, 7 de febrero de 2012

tanto conflicto podría culminar en un adelanto de elecciones como en 1985, sostiene El Dia mientras que Rafael Puente con tono de profeta fallido asegura que "el cambio ews evidente"

El 2011 fue el año más conflictivo de los últimos 42 años (y seguramente de la historia del país), según un detallado registro del Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social (CERES), entidad que ha estado observando un  pronunciado crecimiento de los conflictos en los últimos años y que acaba de llegar a una nueva cifra récord, que supera precisamente a la gestión anterior: 884 eventos registrados por la prensa, lo que abre la posibilidad de que puedan haber sido muchos más.

En el análisis de los datos que hace la Fundación Milenio, observa que los grandes picos conflictivos de la historia contemporánea corresponden con  gobiernos de corte popular y nacionalista, como los de Ovando Candia, Juan José Torres y Siles Zuazo, quienes inflaron las expectativas de la población con promesas distributivas.

A diferencia de los periodos citados, el actual proceso coincide con la etapa de mayor bonanza económica nunca antes registrada en la historia nacional. Este factor, sumado al enorme apoyo popular acumulado por el Gobierno de Evo Morales, también histórico, no ha actuado como atenuantes para frenar los conflictos, sino todo lo contrario y de la misma manera que ocurrió en el pasado, la gestión del MAS tiene que enfrentar hoy problemas de gobernabilidad y, por supuesto, arrastrar el tremendo lastre económico que ocasionan los conflictos. De acuerdo a un estudio de la Fundación Milenio, los bloqueos, las huelgas, los paros y otras formas de expresión del malestar social, se llevan cada año un punto del crecimiento del Producto Bruto Interno, equivalente a la incidencia negativa que causa para Bolivia el enclaustramiento marítimo.

Otro fenómeno nuevo que aparece en el actual proceso es el florecimiento de conflictos territoriales entre regiones, como ocurre con Chuquisaca y Tarija o Potosí y Oruro y también los que enfrentan a sectores sociales entre sí, como cocaleros contra indígenas; mineros contra campesinos y peleas entre los miembros de las mismas etnias. El Estado, en lugar de actuar como un árbitro equilibrado, se ha convertido en parte del problema y a veces, como ocurre con el Tipnis, el conflicto es el resultado de decisiones gubernamentales equivocadas. Esta situación ha llegado a extremos muy peligrosos y podrían derivar en enfrentamientos nunca antes producidos en Bolivia. Precisamente la ONU acaba de lanzar una advertencia en este sentido y exige que se busquen acuerdos que conduzcan a la pacificación.

Resulta obvio concluir que al ritmo que marchan los conflictos, el proceso político en marcha podría correr la misma suerte que tuvieron muchos otros gobiernos y que tuvo la propia democracia boliviana que colapsó en el 2005, porque la gente se había desilusionado de tantas promesas incumplidas. No cabe duda que la clase política, la de antes y la de hoy, tiene que mejorar, conducir al país hacia la producción, el crecimiento y la superación de viejos problemas como la corrupción y la ineficiencia. Pero fundamentalmente tiene que apuntar al cambio de la mentalidad ciudadana, que vive convencida en que un caudillo, un mesías, un iluminado, llegará un día para solucionar todos los problemas existentes y que nos guiará a todos al “Gran Dorado”. Es hora de educar a la gente. En lugar de endulzarle los oídos para mantenerla adormecida, mientras hacen de las suyas con el poder, los líderes tienen que comenzar a hablar claro y comprometer a todos en la misma tarea de trabajar juntos, en lugar de exigir una parte de la cosecha que nadie ha cultivado.
Resulta obvio concluir que al ritmo que marchan los conflictos, el proceso político en marcha podría correr la misma suerte que tuvieron muchos otros gobiernos y que tuvo la propia democracia boliviana que colapsó en el 2005.