Como se ha ido advirtiendo desde varios ámbitos, estamos viviendo una peligrosa escalada de confrontación que puede degenerar en nuevas jornadas de violencia fratricida, de las que el país se está cansando porque siente que son consecuencia de la incapacidad de los sectores en pugna para establecer escenarios de diálogo y no de imposición.
Son varias las razones que explican —no justifican— esta situación. Entre ellas, la poca seriedad con la que el Gobierno ha tratado anteriores negociaciones, lo que ha provocado que la fe en el Estado haya decaído y los sectores sociales en pugna duden de la palabra oficial. No está demás señalar, también, que así se hizo notar a las autoridades en dos oportunidades que se han convertido en hitos de esta gestión: la primera, cuando se produjo el frustrado gasolinazo de 2010 —que rompe la sólida relación del Gobierno con sectores medios y populares del país— y cuando se impuso la promulgación de la Ley de Consulta Previa en el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis) para que atraviese por él la carretera que unirá Cochabamba y Beni, en beneficio de dos de sus principales sustentos sociales: los productores de coca de Chapare y los colonizadores (hoy autodenominados interculturales), eliminando una norma anterior suscrita con los dirigentes indígenas del oriente que rechazaron esa construcción con serios argumentos.
También influye en esta peligrosa escalada el uso indigno que se hace de la Policía Boliviana en el cumplimiento de su misión, obligándola a actuar cuando los problemas perjudican al Gobierno, y a no actuar cuando lo hacen a la oposición. También, asustan y, al mismo tiempo, encrespan, las convocatorias a la defensa del Gobierno a sus bases de sustentación, principalmente productores de coca y colonizadores, así como el manipuleo grosero de los habitantes más pobres del Tipnis para conseguir su aceptación a la construcción de la carretera mencionada.
La situación se complica porque los movimientos sociales también asumen actitudes erráticas que, como enseña la experiencia, hacen que un inicial apoyo de la ciudadanía fácilmente troque en su deslegitimación porque a medida en que se sienten empoderados agregan demandas, no muestran capacidad de negociación y comienzan a afectar la vida cotidiana de la gente que no entiende por qué se la agrede si incluso ha expresado, en varias oportunidades, su apoyo a esas demandas.
En el trasfondo, aparece un gremio peligroso y voluble, como es el del autotransporte, cuyos sucesivos dirigentes buscan, en dictadura y democracia, pescar en río revuelto y al amparo de una circunstancial alianza con sectores del oficialismo, al aportar a estas movilizaciones una tónica dramática de parálisis nacional.
En este contexto, hay que insistir, cualquier chispa puede provocar un incendio. De ahí que, como ha exhortado la Iglesia Católica, se debe “evitar toda confrontación y violencia y retomar el camino de un diálogo auténtico y responsable que posibilite los acuerdos necesarios en aras del bien común de todos los bolivianos”.
Es decir, la Iglesia nos pide dejar de atizar el fuego de la confrontación fratricida.
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