Las velocidades de la justicia
La retardación es un problema crónico en la justicia boliviana. Los datos hablan solos: casi el 80 por ciento de los presos de la cárceles bolivianas no tienen sentencia, lo que a la larga termina convirtiéndose en una ventaja para algunos, que al cabo de tres años automáticamente recuperan su libertad y pueden librarse de una sentencia mayor. Existen ilustres ejemplos sobre este tipo de casos que no “tipifican” cuando se trata de un opositor como Leopoldo Fernández que está por cumplir cuatro años tras las rejas. La rapidez sí aplicó recientemente para ocho nuevos imputados por el caso terrorismo, tras la queja expresada por un funcionario que amonestó en público a los fiscales que se encargan de la investigación. Por otro lado, el Defensor del Pueblo acaba de presentar una denuncia contra la fiscal que investiga la represión de los indígenas ocurrida en septiembre del año pasado en Chaparina, por una supuesta obstaculización y lentitud en la conducción del proceso. El colmo de las incongruencias que se dan hoy en la justicia lo refleja el proceso contra una jueza que intentó anular de manera irregular el juicio contra un ministro de Estado
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