Urge, ahora más que nunca, que nuestra política internacional dé prioridad a los intereses del país antes que a posiciones ideológicas
Como consecuencia de la presencia boliviana en el campo internacional en las últimas semanas, desde varios ámbitos han surgido una serie de críticas y sugerencias a la forma en que el Gobierno del MAS está conduciendo las relaciones internacionales, con el convencimiento de que si no hay una reconducción el país sufrirá aún más reveses de los que ya ha tenido que aguantar.
De principio, en esta gestión se ha hecho explícita una antigua y latente contradicción entre los responsables de la política internacional y quienes quieren influir desde otros sectores, divergencias que se profundizan en casos gravitantes. En estos últimos días podemos mencionar cuatro que merecen preferente atención.
La relación con Chile y nuestra demanda de retornar al mar, que han retomado vigencia en el marco de la 42 Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA). Las críticas a la actuación boliviana han sido, en general, prudentes. Sin embargo, las autoridades, que debieran reconocer esa sindéresis y recoger las sugerencias, más bien han reaccionado con agresividad chauvinista, difundiendo una visión triunfalista que nada tiene que ver con la dura realidad. En definitiva, esta demanda es de tal importancia que no debe ser tratada en forma improvisada como sucede y, menos, acusar como lo ha hecho el Primer Mandatario a quienes critican esas improvisaciones de ser “prochilenos”.
La relación con Brasil es otra que parecería que se maneja sin una estrategia de largo alcance, como correspondería por ser nuestro vecino más grande y principal mercado de gas, y ser considerado una de las potencias emergentes del mundo. Ahora, confundiendo planos se ataca a esa nación en discursos públicos que, seguramente, serán registrados en Itamaraty. Se trata de agresiones hechas a partir de una decisión jurídicamente respaldada de otorgar asilo a un asambleísta opositor acosado por el Ministerio Público (no la justicia aún), a la que irreflexivamente se agrega menciones “a dos empresas” presuntamente involucradas en irregularidades, que contarían con el aval de la Embajada de Brasil en el país.
En cuanto a Estados Unidos, sigue primando la ideología como demuestra la frase presidencial en sentido de que le “alegra” tener malas relaciones con esa potencia, expresión que puede echar por la borda el trabajo de orfebre que ha realizado el Canciller para normalizarlas en un marco de respeto mutuo, pero de beneficio para amplios sectores productores del país, que no gozan, como sucede en otras naciones, de liberación de aranceles para exportar productos a esa país.
Por último, la crítica del Gobierno a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se enmarca también en prejuicios ideológicos. Es más, hasta ahora la CIDH ha tenido un comportamiento ejemplar respecto a Bolivia, lo que hace suponer que la agresividad demostrada responde a una resolución de la ALBA promovida esta vez por Ecuador y Venezuela, los que, por lo demás, no han mostrado ninguna reciprocidad con el país.
Lo señalado permite, pues, sugerir una pronta y profesional reforma de nuestra política internacional que dé prioridad absoluta a los intereses del país antes que a posiciones ideológicas, siempre circunstanciales y poco retribuidas.
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