Cayó como una bomba el anuncio de que se concedería asilo político al senador Roger Pinto, porque no viene de cualquier parte. Brasil es el punto de referencia crucial para el régimen de Morales. Dos antecedentes específicos: un país socialista difiere en su decisión a la de otro con similar ideológica política. Luego, la firme convicción de la presidenta Dilma Rousseff respecto a los medios de prensa: “Prefiero el ruido de los periódicos al silencio de los dictadores”.
Aparte de ello, el tema de los negocios, principalmente la venta de gas, induce a observar una actitud diplomática cautelosa, sin arrebatos insólitos ni destemplanzas. Supuesto que se concretará el anuncio, nadie osará decir ahora que Brasil se está convirtiendo en “refugio de maleantes” como se dijo de Estados Unidos. Un numeroso contingente de compatriotas sufre el exilio forzoso y Brasil, siguiendo su nobiliaria tradición humanitaria, los acogió con beneplácito.
El Presidente, llevando consigo el nombre del país, y no sólo del Estado Plurinacional al que representa, se está dibujando solo, solito, un perfil político al que se ha referido Rousseff en la cita transcrita. ¿Cómo es posible que un país dizque democrático, con independencia de poderes y normas que precautelan la libertad de prensa y de expresión tenga al mismo tiempo presos políticos, opositores perseguidos y muchos exiliados en casi todos los países vecinos y en otras partes del mundo? Esa dramática realidad es innegable.
Suponiendo que hay motivos para enjuiciar, ¿por qué mezclar un caso sospechoso de corrupción (tarea judicial) con persecuciones políticas aparatosas que repercuten hasta en el ámbito del hogar? Con ese proceder, el Gobierno crea la apariencia de que se utiliza la justicia para amedrentar a los adversarios políticos. Las apariencias también cuentan. Debería despejarse de los procesos judiciales todo elemento aleatorio y respetar sin retaceos la presunción de inocencia. Un desafío concreto: respetar los derechos humanos del exprefecto Leopoldo Fernández.
Brasil sopesó sin duda todas las normas jurídicas pertinentes y los testimonios que respaldan la solicitud del senador. Su criterio soberano, incluso una opinión tácita sobre la histriónica actuación del Presidente ecuatoriano, está en la decisión adoptada.
Los socios del ALBA están en guerra “santa” contra los medios privados de prensa. Se utiliza la frase “dictadura mediática” para endilgar a otros, cuando en realidad se tiene en la propia casa un gigantesco aparato que ejerce exactamente eso que se critica.
El presidente Correa, al patear el tablero de la OEA en Tiquipaya, dejó la impresión de que sólo a eso vino. En su larga y fatigosa perorata pospuso la agenda oficial del evento para ocuparse de otra cosa. La intervención de los cancilleres estaba limitada a cinco minutos, pero Correa se tomó arbitrariamente una hora. Dejó de lado el tema esencial de la inseguridad alimentaria y arremetió contra la CIDH y la libertad de expresión. El único mandatario invitado pasó por alto la consideración debida al país anfitrión. Bolivia, al margen de quién eventualmente la gobierne, merece más respeto.
Como en respuesta a las desaprensiones anotadas, desde Itamarati (Centro de Relaciones Exteriores) se proyectó la colosal figura de Brasil con un mensaje rotundo y clarísimo, de que en el mundo de hoy el principio universal de los derechos humanos pesa más, vale más que los nacionalismos y las ideologías políticas.
El autor es pedagogo y escritor
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