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jueves, 29 de noviembre de 2012

precisa Los Tiempos que sin mediar Sean Penn recomendado ante Evo por Chávez, jamás se habría hecho justicia con Jacob, pese a las afirmaciones de Romero de haberse investigado a Rivero Tardío. lo cierto es que "una red" está siendo desbaratada y qué de "las otras"?


Dada la dimensión del problema, convendría al Gobierno desplegar todos sus esfuerzos para develar los alcances de esta red de corrupción y desarticularla
Las consecuencias del escándalo que se ha desatado a partir del descubrimiento de una “red de corrupción y extorsión” en la que participan autoridades de los ministerios de Gobierno y de la Presidencia, y que incluye vínculos con fiscales y jueces, aún no pueden ser evaluadas en su verdadera dimensión.
Lo cierto es que de no haber mediado las gestiones del conocido actor estadounidense Sean Penn en favor de un compatriota suyo detenido y extorsionado en Santa Cruz, la banda seguiría actuando impunemente, hecho que da cuenta de su poder dentro de la estructura gubernamental.
Es difícil desenredar esta madeja. Para ello corresponde recordar que el ciudadano estadounidense hizo inversiones en el sector agrícola y, de acuerdo a los informes, cayó en la red mencionada, que utilizando su poder, por estar conformada por importantes autoridades del Ejecutivo, pudo hacer confinar al estadounidense sin que nadie escuche su defensa, porque la telaraña en la que fue atrapado, además, gozaba de la  ventaja de cobijarse en la retórica antiimperialista que prima en el aparato gubernamental.
Lo que no estaba previsto es que este ciudadano fuera amigo del actor Sean Penn y que éste, por gestiones del Gobierno venezolano, sea recibido incluso por el Presidente del Estado y se lo nombrara simbólicamente embajador para la defensa del akulliku y la extradición de Gonzalo Sánchez de Lozada, nombramiento que le sirvió (así sea que después desmintió) para visitar a su compatriota en la cárcel, acompañado de un funcionario venezolano, comprobar el precario estado de salud en que se encontraba y presionar para que sea trasladado a una clínica y que se escuche su testimonio y defensa.
Y aunque al parecer hay esfuerzos por desarticular la banda criminal y sancionar a sus operadores, hay indicios de que se trata de un modus operandi conocido, que ha sido reiteradamente denunciado sin que las autoridades adopten las medidas preventivas requeridas.
Quedan aún en la impunidad atentados como el que sufrió un canal de televisión en Yacuiba, las filmaciones por funcionarios, hoy desempleados, del Ministerio de Gobierno, sobre los intentos de soborno a “El Viejo” para que no preste declaraciones ante la justicia en el caso Rózsa o las reiteradas denuncias sobre supuestos encuentros de algunas autoridades con un presunto narcotraficante brasileño. En todos estos casos prima la impunidad.
Una vez más nos encontramos, pues, ante excesos que se presentan en una gestión poco dispuesta a la crítica y predispuesta a romper la institucionalidad creada desde 1982, así esta actitud implique la violación de la Constitución Política del Estado, particularmente de los derechos humanos consagrados por ésta, sin que, por lo demás, todos puedan tener como mecanismo de defensa a un Sean Penn.
Dada esa dimensión del problema, convendría al Gobierno, para recuperar credibilidad y confianza, desplegar todos sus esfuerzos para develar los alcances de esta red de corrupción y desarticularla, sin importar el rango de sus componentes. Es decir, no optar, como ha sucedido en otros casos, por encontrar chivos expiatorios, pues ello, deberían estar seguras las autoridades, sólo iría en contra de ellas.