Cuando, como en el momento actual, se produce la pérdida de confianza en el Gobierno, recuperarla es algo muy difícil. Eso lo hemos visto en administraciones pasadas, las que, por un desliz, aunque fuera un solo caso de corrupción, el pueblo le daba las espaldas y le quitaba su apoyo, lo que se traslucía en el siguiente proceso electoral. El pueblo no tiene otra forma democrática para castigar a los malos gobernantes que no sea negándole su voto.
El gobierno del MAS ha hecho acopio de mil razones para que se le tenga la mayor desconfianza, porque, pese a su discurso de honestidad y transparencia con que llegó al poder, ha convertido al país en la corruptela más grande que se pueda imaginar. Fue muy grave decisión aquella de politizar la justicia al extremo de que los magistrados se eligieran por voto directo y universal, una vez que habían sido previamente aprobados por la Asamblea Legislativa Plurinacional, es decir, cuando habían obtenido el visto bueno del MAS o estaban incorporados a esa sigla política.
Con un aparato judicial digitado desde el Poder Ejecutivo, ante un Congreso absolutamente sumiso a lo que se dicta vía Palacio Quemado, sería ingenuo pensar que Bolivia iba a gozar de una Justicia en el sentido cabal del término. Era de esperarse lo que sucedió: fiscales y jueces incapaces de desobedecer a los poderosos de turno, que se dedicaron a encarcelar opositores, perseguir a indeseables y amenazar a quien osara levantarle la voz a los engreídos de la “nueva” Bolivia. El país entró en una etapa de miedo porque la sola señal con el dedo significaba para el señalado presentarse a una audiencia cautelar, con un fiscal relamiéndose por ganar méritos, y de ahí juntar algunas pilchas y un cepillo de dientes para tumbarse, encogido, en alguna celda atiborrada de inocentes y maleantes hasta Dios sabe cuándo.
¿Cómo no iba a suceder lo que sucedió, entonces? ¿Cómo se podía esperar que los inmunes no se infiltraran en los ministerios para cometer fechorías si la mesa estaba servida para sus planes? ¿Cómo los abogaditos no iban a tener entre miras a DIRCABI donde iban a parar los saldos de los bienes incautados al narcotráfico? ¿Cómo un señor Ostreicher, rico, ingenuo, y norteamericano de yapa, no iba a ser víctima de chantaje al igual que tantos otros? Sin embargo, S.E. dice que son sujetos de la derecha los que se han colado en su gobierno para hacer las fechorías que se denuncian. Y además no tiene empacho en quejarse de que los policías lo graban y lo espían, es decir que están contra él y conspiran contra el cargo. ¡Qué simpleza!
Además, decir que la culpable de toda la polvareda que se ha levantado es la CIA norteamericana, a través del presunto infiltrado Boris Villegas, es tratar de desviar la atención descaradamente. Afirmar que Villegas, ex Director de Régimen Interior del Ministerio de Gobierno y ex funcionario del Ministerio de Transparencia, además de represor en Chaparina, es el culpable del entuerto, es el cinismo acabado. Pero, ojo, porque es la manera cómo siempre el MAS escapa a sus responsabilidades: cortando cabezas, culpables o inocentes. Y sobre todo mareando la perdiz a la opinión pública para que Villegas sea el centro de la noticia y no Ostreicher ni la pandilla de bandoleros que lo tenían bajo extorsión.
No creemos que conociéndose lo que ocurre en la Dirección de Registro, Control y Administración de Bienes Incautados, el ahora ya célebre DIRCABI, donde jueces y abogados se pringan de lo lindo, el país y parte del propio Gobierno vayan a tener ganas de aventurarse en aprobar la famosa Ley de Extinción de Dominio de Bienes, que no es otra cosa que abrir las trancas para que una DIRCABI cien veces más grande se implante en Bolivia, decomisando las propiedades muebles e inmuebles de ciudadanos que en cinco días no puedan probar a los fiscales y jueces, con mirada de gavilanes, que lo que tienen es fruto de su trabajo y no del narcotráfico, el contrabando o la corrupción.
Afirman altos funcionarios del Gobierno, que, justamente, para no crear otro DIRCABI, donde los bienes incautados desaparezcan de la noche a la mañana, porque donde hay incautación de bienes hay corrupción creando nuevos ricos, habría que monetizar lo que se confisque a narcos y a ciudadanos que no puedan justificar el origen de su patrimonio. En cinco días, repetimos. Con la tal Ley de Extinción, el Estado Plurinacional se convertiría en el millonario dueño y señor de los bienes habidos por todos los habitantes, desde el que tiene una casita modesta o un vehículo, hasta quienes pueden considerarse ricos, por supuesto.
Y todavía el Gobierno se indigna y se asombra de que transportistas, comerciantes, y demás gremios se opongan a muerte a la dichosa Ley, seguros de aquel refrán tan popular: hecha la ley, hecha la trampa. Es que en la hora actual, cuando todos miramos absortos lo que sucede con la justicia juramentada al oficialismo, nadie está dispuesto a azares riesgosos con sus pertenencias. Dice el Gobierno que la Ley de Extinción será la que ponga punto final a la corrupción, pero, ¿quién le va a creer? ¿Quién va a desear que los actuales gobernantes, conociéndolos, tengan cabida hasta en los bolsillos de cualquier ciudadano?
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