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martes, 4 de diciembre de 2012

Ministerio Público debe ejercer en base a la legalidad, oportunidad, autonomía, unidad y jerarquía. sostiene OPINION a propósito del clan corruptos extorsionadores


El Ministerio Público es una de las instituciones fundamentales del Estado y en cualquier país del mundo representa a la sociedad y tiene como principal misión defenderla y ejercer la acción penal pública. De acuerdo a la Constitución Política del Estado el Ministerio Público ejercerá sus funciones de acuerdo con los principios de legalidad, oportunidad, objetividad, responsabilidad, autonomía, unidad y jerarquía.

Es uno de los mecanismos más importantes porque el trabajo de los fiscales que componen este Ministerio tiene que ver directamente con los intereses de la sociedad y de las personas. 

En el escándalo de la red de funcionarios del Ministerio de Gobierno que extorsionaban a un empresario norteamericano y de otros casos denunciados hace poco, para tramitar su libertad a cambio de dinero, las conexiones de los extorsionadores llegaron hasta jueces y fiscales. En este último caso hay varios nombrados que serán investigados, y se abrirán procesos disciplinarios y penales contra los que se encuentren implicados en la red de extorsionadores.

Resulta paradójico que algunos de estos fiscales tuvieron que ver con casos de gran importancia como de narcotráfico, de gastos reservados y otros en los que habrían pedido dinero a cambio de favorecer a los inculpados. Algunos fiscales lograron tener gran poder que resultaba de sus propias acciones dentro del ámbito de sus responsabilidades y se convirtieron incluso en una especie de funcionarios que decidían el destino y la vida de las personas que se encontraban dentro del ámbito jurisdiccional.

Fiscales de gran poder que hoy de acusadores se han convertido en acusados y que si bien es cierto que tienen derecho a la defensa, que posiblemente la negaron en los asuntos que atendieron, no pueden gozar de ninguna protección. Sin embargo, lo que ha salido a la luz a partir del caso del norteamericano y de la red de corrupción es que existe una grave crisis en el sistema judicial y en el Ministerio Público, por diferentes factores que devienen del pasado y también porque algunos de los fiscales obtuvieron mucha influencia a partir de las investigaciones que se les encomendaron y en las cuales no se desecha la influencia de algunos niveles del Ejecutivo. Fiscales con enorme poder que luego lo utilizaron para fines propios.

Los fiscales y otros funcionarios judiciales que se ven envueltos en la red de extorsionadores, quizá mareados por el poder y la influencia y el ánimo de obtener dinero de forma ilícita se olvidaron de su función constitucional e ingresaron al campo del delito. Lamentablemente el seguimiento sobre el trabajo de los fiscales fue descuidado y se dejó crecer una situación en la que algunos de estos funcionarios obraban sin ningún control y de acuerdo a su propio arbitrio, algo así como una especie de islas en las que se sentían intocables.

La determinación del Fiscal General del Estado, Ramiro Guerrero, es correcta en sentido de iniciar procesos administrativos y penales contra los que se encuentren involucrados en el caso de extorsión del ciudadano norteamericano y de otros que están saliendo a la luz pública. Enorme y complicada tarea queda por delante para reorganizar el Ministerio Público y en ámbito más general el sistema judicial, penetrado por malos administradores de justicia. Hoy se habla de realizar auditorías para detectar los casos que manejó la red de extorsión y después de ello, si se cumple, quedaría la etapa de ver si realmente se puede mejorar todo el sistema.