agria, aunque justa reprimenda de Los Tiempos porque dejaron pasr 18 días de pérdidas irreparables en el tema de Copacabana. reprimenda al Gobernador, a los lancheros y a los comunarios altiplánicos

Una vez más el país ha observado el estado de anomia que tiende a hacerse cotidiano, lo que condena a la inviabilidad de las regiones y de todo el país

Luego de 18 días de bloqueo de la ruta que une La Paz con Copacabana, de enfrentamientos y perjuicios económicos irreparables, y con la firma de un acta del diálogo entre autoridades de la Gobernación de La Paz y dirigentes de tres secciones de la provincia Manco Kapac, se levantó la movilización de los comunarios y la calma, al parecer, retorna a la región.

Sin embargo, no está dicha la última palabra, pues si bien esa Gobernación se hará cargo de la construcción de un puente en el estrecho de Tiquina, de cubrir el pago de la curación de los heridos que hubo en el intento policial de despejar la ruta el pasado fin de semana y de la refacción de destrozos provocados en una comunidad, antes de la suscripción del acuerdo final se deberá conseguir la aprobación de los comunarios de San Pablo de Tiquina, de manera que se garantice su pleno cumplimiento.

Hasta ahí los hechos. Pero los cuestionamientos de fondo están lejos de ser respondidos, y hacen referencia a la creciente fragmentación social que se vive en el país, por la cual se imponen —más allá de los discursos ideológicos y sectarios— los intereses corporativos y particulares sin ninguna consideración por lo que genéricamente se denomina el “bien común”. Se trata de una actitud recurrente en la historia de los movimientos sociales del país, pero que se ha consolidado en la actual gestión de Gobierno y que por la forma en que reaccionan las autoridades se mantendrá.

Asimismo, da cuenta de una actitud burocrática —tan criticada desde el llano, pero tan rápidamente asumida cuando se accede al poder— de insensibilidad frente a las demandas sociales que se la troca sólo cuando las posibilidades de enfrentamiento están por concretarse o ya lo han hecho, como ha sucedido en esta experiencia en la que ha habido tres actores directos: los comunarios, los “lancheros” y la Gobernación paceña.

Los primeros, exigiendo la construcción de tres puentes que faciliten la llegada a Copacabana desde tres localidades; los lancheros, exigiendo que no haya ningún puente, pues su construcción afectará su tradicional forma de vida, y la Gobernación que, desde la distancia, trató de digitar el decurso de los acontecimientos. Además, la movilización se efectuó en una temporada clave para la región: Semana Santa, que atrae a miles de feligreses y turistas a Copacabana.

Asimismo, en la sede de gobierno, algunas autoridades buscaban chivos expiatorios (antes que soluciones al problema) para minimizar mediáticamente la movilización y, cuando ésta se desbordó, enviaron efectivos de la Policía que, una vez más, mostraron elevados grados de ineficiencia, radicalizando posiciones. Finalmente, se llegó al acuerdo que se comenta, que parece ser que es el que desde un principio se debía negociar, junto a acciones para paliar los efectos disfuncionales que pudiera acarrear la construcción del puente en el estrecho de Tiquina.

Es decir, una vez más el país ha observado el estado de anomia que tiende a hacerse cotidiano, es decir, de “ausencia de ley” y de un “conjunto de situaciones que derivan de la carencia de normas sociales o de su degradación”.