acoso permanente aunque cada vez más agresivo a los periodistas denuncia Los Tiempos y muestras las formas de rebajar la libertad de opinión que de modo sutil y engañoso pone en práctica el Régimen.

Nuevamente se han registrado varias arremetidas en contra de los medios de comunicación social en países cuyos gobiernos se adhieren, directa o indirectamente, al denominado socialismo del siglo XXI. Como siempre, lleva la batuta el Mandatario ecuatoriano al que siguen con gran entusiasmo los de Venezuela y Argentina. En el caso boliviano, la estrategia de acoso tiene tres principales variantes: el insulto permanente a los operadores de medios, la promulgación de una serie de normas discriminatorias, inconstitucionales y que tienen el objetivo —oculto en una retórica altruista— de atacar en forma directa a la sostenibilidad del medio, y la prebendal asignación de la publicidad estatal.

La relación entre medios y el poder (en sus diferentes variantes) nunca ha sido fácil tanto por una razón fundamental como es que el poder requiere del secreto para ser tal, mientras que los medios tienen como uno de sus principales propósitos develarlo, como por la comisión de excesos, particularmente cuando se afecta la honra de las personas.

Para evitar ese sesgo hay dos tipos de disposiciones. Las promulgadas debidamente, en el caso boliviano la Constitución Política del Estado, la Ley de Imprenta y de Telecomunicaciones, y las de autorregulación. En el primer caso, además, hay que sumar las disposiciones que desde hace un par de años son sesudamente elaboradas, lamentablemente, por muchos de quienes antaño se mostraban como defensores de la libertad de expresión e información y que, al calor del goce del poder, se van convirtiendo en implacables censores. Esa arremetida, felizmente, está siendo resistida —como se lo ha hecho a lo largo de la historia— por la mayoría de los periodistas, aunque el acoso es permanente y cada vez más agresivo.

En cuanto a las normas de autorregulación, están vigentes códigos de ética e instancias encargadas de velar por su cumplimiento, que funcionan, con limitaciones, buscando que el periodismo sea ejercido con libertad, sentido moral y respeto.

Desde otro enfoque, no deja de ser paradójico que sean gobiernos autocalificados como socialistas y autoridades que se reclaman progresistas, los que, a semejanza de las dictaduras militares que asolaron la región hasta la década de 1980 del siglo pasado, hoy con más tesón buscan restringir las libertades de expresión e información, y obstaculicen en forma creciente la libertad de investigación y acceso a la información pública. Además, lo hacen en nombre de presuntos ideales de la humanidad, disfraz que constituye una de sus principales diferencias con los gobiernos castrenses en este campo, que no ocultaban su intención de anular todo signo de crítica o revelamiento de entuertos.

En este contexto y cuando al parecer siguen elucubrándose medidas para seguir agrediendo a los medios independientes, no está demás exhortar a quienes antaño fueron luchadores por la libertad de conciencia, a revisar su posición autoritaria e influir para que en esos países y, especialmente en el nuestro, se recupere la sensatez política  de garantizar a plenitud la libertad de prensa, opinión e información, de investigación y acceso a fuentes del Estado.