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martes, 11 de junio de 2013

la patética ausencia de Justicia ha hecho presa en el pueblo boliviano donde el linchamiento se repite sin pausa, sacude la fibra humana y cristiana del ciudadano a la par que la impotencia de no ponerle freno. El Deber, SC

Fue necesario enviar al municipio de Colquechaca, del departamento de Potosí, refuerzos policiales para rescatar el cuerpo de un adolescente (17) enterrado en vida en la misma tumba de una mujer a la que supuestamente había violado y victimado. La furia popular tenía convertido aquel lugar en territorio prohibido para fiscales y fuerzas del orden.

En la misma semana, en otras dos localidades rurales del país, tres presuntos delincuentes acusados del asesinato de un transportista fueron linchados por sus captores enardecidos que, tras someterlos a dura golpiza, les prendieron fuego luego de rociarlos con gasolina. Todo, ante los ojos de un padre angustiado que  presenció, sin poder hacer nada, el suplicio al que fue sometido un hijo suyo que, según su testimonio, nada tuvo que ver con el hecho desencadenante del linchamiento.

Como suele ocurrir en estos casos, un ‘pacto de silencio’ dificulta la identificación de los autores de los horrendos crímenes que hieren la sensibilidad humana y proyectan desde Bolivia una imagen de barbarie. 

En tanto no se escucha una palabra condenatoria y/o reflexiva del Gobierno sobre lo ocurrido, la Iglesia católica ha rechazado la práctica de los linchamientos como una forma de imponer justicia porque son “actos criminales que causan daño a la sociedad”. Por su parte, la Defensoría del Pueblo ha anunciado un seguimiento de las investigaciones  que debe hacer el Ministerio Público.

En los escenarios del espanto y del silencio, a su vez, se dice haber actuado bajo el amparo de la ‘justicia comunitaria’ que contempla la Constitución promulgada en 2009 por el régimen de Evo Morales, que, en cambio, insiste en que el linchamiento no es parte de ese sistema. En su análisis, un exdefensor del pueblo considera que, ante la ausencia de la justicia ordinaria, se ha tergiversado por completo el concepto de ‘justicia comunitaria’ y, en consecuencia, el delito de todos se vuelve de nadie; son pueblos donde al aplicar un castigo se lo hace al margen de la ley.
Los bolivianos están cada vez más preocupados ante el total descontrol que se percibe en áreas rurales, urbanas y periurbanas donde hombres, mujeres e incluso niños son brutalmente flagelados y luego quemados vivos o colgados, acusados de supuestos delitos o, simplemente, por el hecho de haber despertado algún grado de sospecha.

Para mayor alarma se trata de hechos recurrentes que, en un ambiente de acelerada descomposición social, ponen al país en trance de convertirse en un territorio gobernado por la irracionalidad y la violencia  Consejo Editorial: Pedro F. Rivero Jordán, Juan Carlos Rivero Jordán, Tuffí Aré Vázquez, Lupe Cajías, Agustín Saavedra Weise y Percy Áñez Rivero