Hoy se cumplen dos años desde que el 25 de septiembre de 2011, en la localidad de Chaparina, se produjera una feroz ofensiva policial, con apoyo logístico-militar, contra la VIII marcha de los habitantes del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis) que se dirigían hacia la sede de gobierno con el propósito de hacer oír su voz de protesta por la decisión gubernamental de construir, “les guste o no les guste”, una carretera a través de su territorio.
El segundo aniversario de lo ocurrido ese día, tal como ocurriera el año anterior, no ha pasado desapercibido. Y no lo ha hecho porque, por una serie de factores, la fecha se ha sumado a la lista de hitos históricos que poco a poco van marcando la memoria colectiva y con ella el curso del proceso político boliviano que, como todos los procesos históricos, va abriendo o cerrando caminos a veces por vías insospechadas.
Paradójicamente, el hecho de que por segundo año consecutivo se haya impuesto la impunidad puede también ser visto como una prueba de que la que tiende a imponerse no es la memoria sino lo contrario. Así los hechos de Chaparina podrían ser contados entre los muchos que se van sumando a la lista de olvidos; la que va creciendo alimentada de acontecimientos que, pese a la atención que reciben en cuanto se producen, poco a poco van diluyéndose sin que nadie, excepto la gente más directamente interesada o afectada, los recuerde.
El caso que nos ocupa tiene la peculiaridad de que puede ser interpretado desde ambos puntos de vista. Es decir, como un ejemplo de la facilidad con que en nuestro país se impone el olvido y la impunidad o, por el contrario, como un ejemplo de lo persistentes que pueden llegar a ser en la memoria colectiva algunos hechos cuando por alguna razón dejan de ser sólo parte de la rutina diaria.
Desde el punto de vista estrictamente formal, podría decirse que la eficiencia con que por segundo año consecutivo la Fiscalía ha logrado evitar el avance de las investigaciones, lo que contrasta con la agilidad con que ha actuado para criminalizar a los dirigentes de la VIII marcha, representa un inobjetable triunfo de la impunidad. Es que con notable éxito, y por segundo año consecutivo, se han impuesto las presiones para que no se investiguen los hechos, con el fin de que no se identifique a quien impartió la orden de reprimir a los indígenas, recurriendo incluso a aviones de la Fuerza Aérea Boliviana.
Sin embargo, y precisamente porque este caso tiene características muy peculiares, cuanto ocurre o deja de ocurrir en el plano estrictamente formal, el de los estrados judiciales y los escenarios políticos oficiales, no ha sido suficiente para que los excesos cometidos ese día sean olvidados. El solo hecho de que tras los sucesos de Chaparina el Gobierno se haya visto obligado a paralizar la construcción de la carretera a través del Tipnis, hasta entonces su más caro objetivo, confirma que fueron muy hondas las consecuencias de lo acontecido ese día.
Por eso, más allá y a pesar de las formalidades legales, el caso Chaparina deja algunas valiosas lecciones que es bueno siempre recordar. Entre ellas, la más importante, es que, como dice un sabio adagio popular, “nadie puede ser impunemente poderoso”, más aún si ese poder es ejercido en una sociedad que, como la boliviana, ha sabido poner el respeto a los derechos humanos y a la libre expresión de las personas y de los pueblos en un lugar muy privilegiado de su escala de valores.
No hay comentarios:
Publicar un comentario
evitar insultos u ofensas. ideas para debatir con ideas. los anónimos no se acepten pues es como dialogar con fantasmas. los aportes enriquecen el pensamiento.