El líder de Unidad Nacional (UN), Samuel Doria Medina, denunció este miércoles un sobreprecio de 382 millones de dólares en tres proyectos gubernamentales: el teleférico de La Paz-El Alto, el ingenio azucarero en San Buenaventura y la planta de urea y amoniaco, todos en proceso de construcción.
En conferencia de prensa, el empresario cementero dijo que en el transcurso de esta semana la diputada Elizabeth Reyes (UN) formalizará la denuncia contra el Gobierno, para que este caso sea investigado en la Contraloría General del Estado y el Ministerio de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción.
"En solamente tres proyectos hemos encontrado que hay un sobreprecio de 382 millones de dólares. Hemos encontrado que hay todo un sistema que genera un ambiente propicio para la corrupción y para la falta de control en las compras de las empresas públicas", manifestó Doria Medina.
En el detalle, la denuncia hace referencia a un sobreprecio de 170 millones de dólares, 20% más, en la construcción de la planta de Urea y Amoniaco, en comparación con la planta Altrobe de Australia.
Actualmente esta planta se encuentra bajo la responsabilidad de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB). El pasado 12 de septiembre se inició con la construcción de la planta ubicada en Bulo-Bulo, Cochabamba, a cargo de la empresa surcoreana Samsung Engineering.
El segundo caso de presunto sobreprecio hace referencia a la construcción del ingenio de San Buenaventura, en el departamento de La Paz, el cual tuvo una inversión de 80.5 millones de dólares, 47% más en comparación con el ingenio privado Aguai en Santa Cruz, inaugurado el 30 de mayo pasado en Santa Cruz.
El tercer proyecto es la construcción del teleférico La Paz-El Alto, que tiene un costo de 234 millones de dólares, y que, según Doria Medina, existe un sobreprecio de 130 millones de dólares, 56% más en comparación con el teleférico de Medellín, Colombia.
Según la investigación de UN, estos sobreprecios se deberían a las contrataciones directas que realiza el Estado, obviando las licitaciones, las cuales permiten elegir entre varias empresas que compiten con montos diferentes.
En ese marco identificó que desde el 1 de julio del 2007, el presidente Evo Morales aprobó el Decreto 29190, que modifica la reglamentación de las normas básicas del sistema de administración de bienes y servicios. Esta norma, permite las contrataciones directas para una determinada categoría de entidades públicas denominadas "empresas públicas nacionales estratégicas".
Estas empresas públicas nacionales estratégicas son: Minera Huanuni, Empresa Siderúrgica del Mutún, Corporación Minera de Bolivia, Empresa Metalúrgica de Vinto, Empresa Nacional de Telecomunicaciones, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos, Lácteos de Bolivia, Papeles de Bolivia, Cartones de Bolivia, Empresa de Comercialización, Cementos de Bolivia, Depósitos Aduaneros de Bolivia, Azúcar de Bolivia (Bermejo y San Buenaventura) y Boliviana de Aviación.
En la conclusión de esta investigación, se establece que el Estado habría gastado 41% más en la creación de estos tres proyectos, lo que se hubiera evitado si las contrataciones se realizaban por medio de licitaciones públicas.
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