En Bolivia existen Defensorías de la Niñez en los municipios, brigadas de protección a la familia en las delegaciones policiales, fiscales especiales asignados a casos de violencia doméstica; hay distintas leyes, códigos, nuevas leyes y más normas que han incrementado las penalidades, han endurecido las sanciones y han ampliado las tipificaciones. ¿Qué pasa? ¿Por qué no mejora la situación de los derechos humanos, especialmente de los más débiles?
Las defensorías son meras instancias burocráticas que no tienen mayor competencia para auxiliar a las víctimas. Ante una situación de violencia, le exigirán a la víctima un examen forense y para ello deberán acudir al especialista, lo que representa un costo en tiempo, transporte y pagos en las oficinas respectivas. Con los fiscales y los policías ocurre lo mismo y además del maltrato relacionado con las exacciones, el denunciante tiene que lidiar con burlas y la displicencia de sujetos indolentes que no tienen la vocación ni el interés por el servicio.
Sueña o miente el que diga que la justicia en Bolivia es gratuita, porque ni siquiera se acerca a esa utopía. La actuación de oficio que debería proceder en los casos de violación a menores de edad, por ejemplo, no existe y la gran mayoría de los casos terminan en “arreglo” de partes, ante la complicidad de las autoridades que permiten esa aberración. Los procedimientos oficiosos sólo funcionan cuando se trata de casos relacionados con el control político, cuando hay un funcionario del Ministerio de Gobierno presionando a los agentes judiciales y policiales para apurar los procesos. Cuando se trata de Derechos Humanos, todo puede esperar y olvidarse en muchos casos.
La Defensoría del Pueblo lamenta que sigan aumentando los casos de linchamiento, que se incrementen los hechos de violencia intrafamiliar y que el Estado no brinde las condiciones necesarias para que las víctimas puedan alcanzar la justicia. Se crean leyes, pero no se asignan recursos para ponerlas en marcha y obviamente todo queda en letra muerta, mientras que la comunidad internacional, aparentemente cómplice de la farsa, no deja de destacar los avances de Bolivia en materia de reconocimiento de derechos. Puro papel nomás.
Los líderes nacionales se llenan la boca hablando de la igualdad de género y organismos internacionales le conceden premios al Gobierno por las leyes promulgadas, pero olvidan mencionar que hay varios crímenes de mujeres dirigentes que no se han esclarecido y en la Defensoría del Pueblo abundan los casos de acoso político por parte de roscas oficialistas que usan a las damas como pantalla de un supuesto reconocimiento al papel femenino en el proceso de cambio.
A la corrupción, la falta de recursos y la ineficiencia de los que tienen en sus manos la justicia, se debe sumar la oprobiosa manipulación que se hace de los tribunales, estrategia que se aplica sin el menor escrúpulo. Uno de los ejemplos más claros de este fenómeno es la investigación de los sucesos de Chaparina o el caso La Calancha, sometidos al más triste y vergonzoso manoseo político que vulnera los derechos de los indígenas y de gente que ha sufrido vejámenes indecibles. Mientras tanto, la justicia sí opera perfectamente contra Bakovic, contra los sucrenses en los hechos del 24 de mayo o con los acusados de terrorismo en Santa Cruz.
Las defensorías son meras instancias burocráticas que no tienen mayor competencia para auxiliar a las víctimas. Ante una situación de violencia, le exigirán a la víctima un examen forense y para ello deberán acudir al especialista, lo que representa un costo en tiempo, transporte y pagos en las oficinas respectivas. Con los fiscales y los policías ocurre lo mismo y además del maltrato relacionado con las exacciones, el denunciante tiene que lidiar con burlas y la displicencia de sujetos indolentes que no tienen la vocación ni el interés por el servicio.
Sueña o miente el que diga que la justicia en Bolivia es gratuita, porque ni siquiera se acerca a esa utopía. La actuación de oficio que debería proceder en los casos de violación a menores de edad, por ejemplo, no existe y la gran mayoría de los casos terminan en “arreglo” de partes, ante la complicidad de las autoridades que permiten esa aberración. Los procedimientos oficiosos sólo funcionan cuando se trata de casos relacionados con el control político, cuando hay un funcionario del Ministerio de Gobierno presionando a los agentes judiciales y policiales para apurar los procesos. Cuando se trata de Derechos Humanos, todo puede esperar y olvidarse en muchos casos.
La Defensoría del Pueblo lamenta que sigan aumentando los casos de linchamiento, que se incrementen los hechos de violencia intrafamiliar y que el Estado no brinde las condiciones necesarias para que las víctimas puedan alcanzar la justicia. Se crean leyes, pero no se asignan recursos para ponerlas en marcha y obviamente todo queda en letra muerta, mientras que la comunidad internacional, aparentemente cómplice de la farsa, no deja de destacar los avances de Bolivia en materia de reconocimiento de derechos. Puro papel nomás.
Los líderes nacionales se llenan la boca hablando de la igualdad de género y organismos internacionales le conceden premios al Gobierno por las leyes promulgadas, pero olvidan mencionar que hay varios crímenes de mujeres dirigentes que no se han esclarecido y en la Defensoría del Pueblo abundan los casos de acoso político por parte de roscas oficialistas que usan a las damas como pantalla de un supuesto reconocimiento al papel femenino en el proceso de cambio.
A la corrupción, la falta de recursos y la ineficiencia de los que tienen en sus manos la justicia, se debe sumar la oprobiosa manipulación que se hace de los tribunales, estrategia que se aplica sin el menor escrúpulo. Uno de los ejemplos más claros de este fenómeno es la investigación de los sucesos de Chaparina o el caso La Calancha, sometidos al más triste y vergonzoso manoseo político que vulnera los derechos de los indígenas y de gente que ha sufrido vejámenes indecibles. Mientras tanto, la justicia sí opera perfectamente contra Bakovic, contra los sucrenses en los hechos del 24 de mayo o con los acusados de terrorismo en Santa Cruz.
Sueña o miente el que diga que la justicia en Bolivia es gratuita, porque ni siquiera se acerca a esa utopía. La actuación de oficio que debería proceder en los casos de violación a menores de edad, por ejemplo, no existe y la gran mayoría de los casos terminan en “arreglo” de partes, ante la complicidad de las autoridades que permiten esa aberración.
No hay comentarios:
Publicar un comentario
evitar insultos u ofensas. ideas para debatir con ideas. los anónimos no se acepten pues es como dialogar con fantasmas. los aportes enriquecen el pensamiento.