Solo cuatro de cada diez panes que se consumen en el país son bolivianos”, se escuchó en un reciente diálogo público-privado que desnudó la alta dependencia que sufre Bolivia respecto al trigo y la harina de trigo que, seguramente, con gran dolor para algunos, tienen que ser importados nada más y nada menos que desde el ‘imperio’ de EEUU, cuando nuestro tradicional proveedor –Argentina– enfrenta serios problemas con su producción, este año.
El escenario de discusión fue un reciente foro organizado en La Paz por la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo) y el Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), que reveló que la Bolivia Plurinacional –digna y soberana para muchos– ha venido importando en lo que va del siglo más de $us 1.100 millones en trigo y harina, por más de cuatro millones de toneladas utilizadas para elaborar el pan nuestro de cada día.
El foro, titulado Desarrollo del sector triguero en Bolivia: desafíos y oportunidades, propició un constructivo diálogo entre altas autoridades del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, el estatal Instituto de Innovación Agropecuaria y Forestal (Iniaf), el Centro de Investigación Agrícola y Tropical (CIAT) de Santa Cruz y el sector agroproductivo cruceño, con la preocupación compartida de avanzar al autoabastecimiento de Bolivia en este renglón que, a todas luces, es la ‘piedra en el zapato’ hacia la soberanía alimentaria total del país.
Que las tres cuartas partes del volumen total del trigo se produzcan en el oriente no debió sonar a casualidad y tampoco causar sorpresa en dicho foro, siendo que el trigo forma parte de una virtuosa lógica productiva del agro cruceño como la rotación de cultivos en invierno con la soya que, de monocultivo, no tiene nada.
Empero, la baja productividad del trigo en el oriente y el occidente, por limitantes tecnológicas y la falta de variedades de alto rendimiento, hacen que su cultivo sea poco atractivo, de ahí que se plantearan tres aspectos hacia su mejora: seguridad jurídica para la tierra y la inversión agrícola; precio mínimo de garantía al productor, y políticas públicas de fomento en temas como investigación, seguro agrícola, riego, transferencia tecnológica, asistencia técnica, crédito, entre otras.
Las demandas para dejar de importar trigo y harina por más de $us 100 millones anuales son razonables, pero no pasará de un sueño mientras los tomatierras sigan afectando predios productivos a vista y paciencia de las autoridades
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