Esto de las invasiones de tierras productivas en Santa Cruz es algo que ya ha colmado su medida. No se trata de que antes no hubiera sucedido la ocupación de predios agrícolas, sino que, a partir de 2006, la fiebre del despojo ha aumentado hasta el extremo de que, nada menos que en el municipio de La Guardia, en las puertas de nuestra capital, se han producido tomas de muchas hectáreas, propiedad de una familia extranjera que con el trabajo de largos años había logrado constituir un bien productor de alimentos.
Las ocupaciones de tierras son indiscriminadas y afectan tanto a empresarios nacionales como a extranjeros. Los agricultores cruceños están en permanente zozobra porque presuntos partidarios del Gobierno, con banderas y eslóganes masistas, se asientan en sembradíos afirmando que la Constitución se los permite. Alegan, además, tener el respaldo de alguna dirigencia oficialista.
Y quienes atraviesan por muy malos momentos son los industriales y productores extranjeros, que, además, han adquirido sus tierras legalmente. Menonitas de larga y ejemplar data en Bolivia y empresarios brasileños, argentinos y de otras nacionalidades, son víctimas de abusos extremos. La razón que esgrimen los asaltantes de tierras es que estas deben ser para los bolivianos. No es así: la tierra es para quien la trabaja, no para quienes la quieren negociar.
Tardíamente, cuando más de 70 propiedades están ocupadas ilegalmente, el vicepresidente Álvaro García Linera ha anunciado que se está trabajando en un proyecto de ley para penalizar las ocupaciones. Declaraciones similares se han escuchado desde el Gobierno. Sin embargo, como ha afirmado el Comité pro Santa Cruz, se les está dando “un generoso tiempo a los delincuentes para que terminen de saquear, robar y apropiarse del patrimonio de los productores cruceños”. Además de que los invasores cuentan con una información privilegiada para cometer sus fechorías que solo puede proceder del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA).
El Gobierno debe ser consciente de que el departamento de Santa Cruz es, con ventaja, el mayor proveedor de alimentos para todo el país y, además, el mayor exportador. Si no se pone atajo a los desmanes actuales, el sector agropecuario y agroindustrial caerá a niveles solo de subsistencia y Bolivia se verá obligada a importar sus alimentos como en los años 50 y 60 del siglo pasado. Y lo peor, si las autoridades no detienen a los asaltantes se producirán inevitables enfrentamientos con los propietarios.
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