El ex presidente Jorge "Tuto" Quiroga (2001-2002) identificó "incoherencias" en la postura del Gobierno en torno al conflicto desatado por el proyecto de Ley Minera, dado que, citó, en materia de hidrocarburos el Ejecutivo y Legislativo dejan a empresas extranjeras contratar a otras para que operen en sus áreas de explotación y prohíbe la misma acción a las cooperativas mineras.
Un ejemplo de ello es, dijo Quiroga, la noticia sobre la "venta" a la empresa rusa Gazprom de un 20% del bloque Aquio del campo Incahuasi, donde opera la francesa Total.
"Decir que los cooperativistas quieren aprovecharse haciendo acuerdo con empresas privadas, cuando doy el ejemplo en hidrocarburos, en septiembre del 2010, yacimiento Aquio, Incahuasi, Total de Francia gran anuncio le vende 20% no se sabe a qué precio a la Gazprom de Rusia, lo envían al Parlamento y rapidito lo aprueban, ¿han preguntado en cuánto han vendido?", cuestionó el ex presidente Quiroga este martes.
De acuerdo a un reporte de la página web hidrocarburosbolivia.com, de fecha 19 de julio de 2013, en Bolivia la compañía Gazprom de Rusia es dueña de un porcentaje de los bloques Ipati y Aquio del campo Incahuasi, donde en septiembre del 2010 adquirió el 20% de participación, dejando a la francesa Total con el 60% y la argentina Tecpetrol con el restante 20.
"¿Por qué los rusos le pagan a los franceses y no al Estado boliviano?, ¿por qué entre transnacionales francesas y rusas pueden venderse y transferirse contratos?, (eso es) lo que le están prohibiendo a los mineros bolivianos. Esas son las incoherencias que está trayendo esto y la forma de solucionar es con un gobierno capaz y competente y no lo que estamos viendo: incapacidad", señaló Quiroga.
Dijo que se busca "estigmatizar" a los cooperativistas mineros diciendo que quieren transferir su contrato a privados, cuando el Gobierno permite estas acciones a "rusos y franceses con el gas boliviano".
Los cooperativistas mineros piden al gobierno nacional respeto a lo estipulado en el proyecto de Ley Minera referente a que las cooperativas pueden acceder o acudir a terceros para la explotación minera sin una autorización de la Asamblea Legislativa. Por su parte, la administración de Evo Morales alega que los recursos naturales son propiedad del Estado y no así de los mineros para que negocien con terceros sus áreas de explotación, sin autorización del Legislativo.
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