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martes, 4 de noviembre de 2014

con valentía El Deber, acomete bajo la rúbrica de "La Justicia Sometida" la noble tarea de puntualizar ante el Jefe de Estado, la real situación de nuestra Justicia. Carece de independencia. está bajo la tutela del Gobierno. magistrados serán procesados y 300 fiscales con cargos de corrupción echados a la calle. buscar la Independencia es el camino..

El deterioro de la justicia en Bolivia no es un asunto menor y a medida que transcurren los años, desde el 2006, sobrecoge apreciar diariamente que el país entero está preocupado –cuando no atemorizado– por la manera en que el Gobierno ha sometido a la justicia en un flagrante acto de desconocimiento de la independencia de los poderes del Estado.

Lo primero que extraña es que en una sociedad donde se repite hasta el cansancio que lo más importante en la actualidad es la defensa de los derechos humanos –presunto mérito de la presente administración– no exista un poder judicial independiente. No se puede concebir que en una nación se respeten los derechos de los individuos si no se respetan las leyes o si quienes están llamados a aplicarlas no están a la altura de su cometido.

Por más argumentos que se aleguen, es innegable que el Órgano Judicial está bajo la tutela del Gobierno. Si es cierto que antes los altos magistrados se elegían en el Congreso obedeciendo intereses que acordaban los partidos mayoritarios, no es menos cierto que hoy, con la introducción de elecciones populares en la justicia, todos los magistrados tienen que pasar por la aprobación del partido oficial. Es decir, que tienen que ser designados en la Asamblea por la mayoría oficialista para que luego el pueblo refrende esa designación eligiendo con su voto lo que ya está dispuesto de antemano.

Ha sido tan desdichada la idea de las elecciones judiciales populares, ha dejado tan mala experiencia, que el propio Gobierno –gestor de esta iniciativa– se ha dado cuenta de su error y hoy no sabe cómo enmendarlo. Porque la manera de arreglar el entuerto no es destituyendo a quienes el propio oficialismo ha impuesto en contra de la voluntad del voto. Desmantelar el Tribunal Constitucional desde la Cámara de Diputados o anunciar que 300 fiscales acusados de corrupción tendrán que demostrar su inocencia para no ser suspendidos, no solucionará el grave problema de la justicia.
Lo único posible para tener una justicia sana y confiable es la independencia de los poderes. Eso es algo esencial y universalmente aceptado. La justicia no puede depender de mandatos palaciegos. Es más, a la justicia no se la puede utilizar como instrumento de coacción contra los adversarios políticos. Esto es algo que merece un tratamiento inmediato y una profunda reflexión, como aconseja, una vez más, la Iglesia católica, siempre partidaria de respetar la institucionalidada resumido con un punto de vista periodístico.