“Nadie puede ser impunemente poderoso”, dijo Franz Tamayo y la historia enseña que quienes desafían tan gran verdad terminan recibiendo la implacable condena de la historia
La decisión del Tribunal Supremo Electoral de cancelar la personalidad jurídica de Unidad Demócrata, lo que equivale a sacar de carrera de un plumazo a 228 candidatos, entre ellos a quienes se perfilaban como seguros ganadores de importantes alcaldías y de la Gobernación de Beni, ha elevado la ola de desconfianza en esa institución hasta niveles cuya peligrosidad es difícil describir. Lo que sí se puede afirmar con total seguridad es que la democracia boliviana ha recibido uno de los más duros golpes de los últimos 33 años, que es el tiempo transcurrido desde que se pusiera fin a la última de las dictaduras.
La decisión del TSE es un alevoso atentado contra los más básicos principios, valores y derechos inherentes a un sistema político regido por normas democráticas. Es lo más parecido que puede haber al imperio de la arbitrariedad y el abuso del poder, por lo que no es exagerado afirmar que ha puesto al sistema político de nuestro país en el borde de un retroceso de proporciones históricas.
La gravedad del paso dado por el TSE se multiplica pues confirma que no estamos sólo ante una muestra más de la falta de idoneidad y elemental decencia de los miembros, sino ante algo mucho más grave: estamos ante la voluntaria y muy consciente decisión de favorecer a los candidatos oficialistas aún a costa de destruir en el empeño los fundamentos básicos de la democracia.
Entre los antecedentes más negativos del atentado cometido sólo en este proceso electoral, se debe mantener en la memoria el caso de la arbitraria inhabilitación de la candidata Rebeca Delgado a la Alcaldía de Cochabamba, hasta el pasado viernes el más conocido y repudiable, pero no el único. A él se sumó en Cochabamba la inhabilitación del postulante del Movimiento Nacionalista Revolucionario a la Alcaldía de Tiquipaya, quien se perfilaba como seguro ganador y abusos similares se produjeron contra centenares de candidatos en todo el país.
Dada la actual correlación de fuerzas que favorece a quienes no tienen escrúpulos para cometer estos abusos y arbitrariedades, es posible que esos actos queden impunes desde el punto de vista legal, pero es improbable que no tengan un altísimo costo político para quienes se constituyeron en autores intelectuales del golpe asestado a la democracia y sus instituciones.
En lo que a las autoridades electorales que se prestan a socavar la institucionalidad democrática, sólo queda recordarles que están inscribiendo sus nombres en las páginas más oprobiosas de la historia contemporánea de nuestro país. Por congraciarse con quienes les otorgaron sus cargos han cruzado los límites que separan la lealtad del servilismo y al hacerlo, además de enlodar su honra, se han hecho cómplices de la destrucción de uno de los pilares más importantes de la institucionalidad democrática.
“Nadie puede ser impunemente poderoso”, dijo alguna vez Franz Tamayo y la experiencia, la propia y la ajena, enseña que más temprano que tarde quienes se atreven a desafiar tan gran verdad terminan recibiendo la implacable condena de la historia.
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