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jueves, 28 de enero de 2016

solo existe una excepción en el "no matarás" cuando sucede en defensa propia y ante amenaza de muerte. ahora bien. si una avioneta cargada de droga y con gente armada sobrevuela una determinada zona que está militarmente controlada, se hace pasible a ser derribada por la fuerza.nada hay que discutir, salvo los narcotraficantes que se oponen en Argentina.

El presidente de Argentina, Mauricio Macri, firmó un decreto supremo que prevé el derribo de aeronaves que transporten estupefacientes o constituyan un riesgo para la seguridad. La decisión ha abierto un fuerte debate en el vecino país, donde la oposición ha cuestionado la militarización de la lucha contra el narcotráfico y la apertura a tal extrema medida. Las autoridades argentinas han señalado que se trata de una orden que se adopta en situaciones extremas, después de una clara advertencia a los pilotos para detener el vuelo de la avioneta y después de un complejo procedimiento institucional.

Argentina ha alertado que el 80% de la droga que llega a su territorio proviene vía aérea desde Bolivia. En particular, desde pistas ubicadas a lo largo de la extensa frontera. Los narcotraficantes establecen oscuras alianzas con productores agropecuarios argentinos que prestan sus predios para el aterrizaje de los estupefacientes. La posibilidad de derribar avionetas que se nieguen a la revisión policial ya está prevista en Bolivia, Brasil, Paraguay, Colombia y Perú, principales países afectados por la actividad delictiva de las organizaciones de producción y comercio de drogas en la región.

La oposición en Argentina ha levantado una denuncia contra esta decisión adoptada por el Gobierno de Macri por considerar que puede resultar violatoria de los derechos humanos, al transformarse en una “sentencia de muerte” sin proceso judicial previo. Se entiende que la militarización de la lucha contra el narcotráfico puede abrir la puerta a abusos de parte de las FFAA en un asunto que normalmente está en manos de la Policía. No es el caso de Bolivia, donde la lucha contra el tráfico de drogas está en manos ‘conjuntas’ de policías y militares, por considerar que se trata de una tarea que afecta a la seguridad del Estado. 

El derribo de aviones está previsto en la legislación boliviana, pero solo como una decisión de última instancia. Las autoridades bolivianas reconocen la enorme capacidad de fuerza que tienen las organizaciones delictivas vinculadas al narcotráfico. Por ello, parece fundamental una estrategia regional coordinada entre los países para aunar esfuerzos para detener este lastre de nuestros países. Es de esperar que los gobiernos de Bolivia, Argentina, Brasil, Paraguay, Perú y Colombia prevean una política conjunta. De ello depende la batalla final contra los traficantes de drogas, que tanto daño hacen a la sociedad, en particular, a los jóvenes, que son el futuro de nuestras naciones.