Las víctimas de los dictadores protestan por las comodidades que tiene García Meza. El Gobierno boliviano las niega. Arce Gómez purga sus culpas en Chonchocoro.
De uniforme y con el poder del Estado, en 1980 García Meza y Arce Gómez reinaban por la fuerza.
Han pasado 37 años desde que el hombre que prometió gobernar “20 años a plan de charque y chuño” se hiciera del poder en Bolivia en un sangriento golpe de Estado y ahora debe pelear contra los achaques de la edad. El tiempo le mostró que el dinero que amasó en su corto Gobierno no es suficiente para prolongar la vida. Luis Arturo García Meza Tejada no tiene salida, vive en un hospital, admite su abogado, Frank Campero.
Su lugarteniente, el coronel Luis Arce Gómez, aquel que ejerció el poder a sangre y fuego, tampoco tiene opciones: ahora es él el que debe caminar “con el testamento bajo el brazo” porque sabe que concluirá su existencia encerrado en una fría celda del penal de Chonchocoro. Así transcurre el resto de la vida de los dos últimos golpistas militares, presos por crímenes de lesa humanidad y la violación de derechos humanos y golpes.
García Meza fue trasladado al penal de máxima seguridad el 15 de marzo de 1995, condenado a cumplir una pena de 30 años sin derecho a indulto y debía salir de allí en marzo de 2025; pero el exdictador estuvo menos de la mitad de ese tiempo en su celda, la mayor parte la ha pasado hospitalizado en la Corporación del Seguro Social Militar (Cossmil), un hospital exclusivo para militares en Miraflores de la ciudad de La Paz.
Postrado y custodiado, pero cómodo. Así, el exdictador ocupa dos habitaciones del sexto piso de ese edificio. No es posible acceder a las mismas, pues solo pasan familiares autorizados que llegan hasta ahí porque ha sido ubicado después de otras salas para pacientes con enfermedades graves. Además, terapia intensiva está en el mismo nivel y el acceso es aún más restringido después del piso 4.
Uno de los ambientes está ocupado por García Meza y tiene la atención de tres especialistas, un cardiólogo, un gastroenterólogo y un fisioterapeuta que se turnan para revisar la salud del militar, de 87 años, responsables del golpe que, entre otras cosas, asesinó e hizo desaparecer al líder socialista Marcelo Quiroga Santa Cruz. El otro ambiente es para los dos policías que están designados como custodios. El abogado Frank Campero explica que los policías están en la habitación de su cliente. Oficialmente, el Ministerio de Defensa negó que García Meza goce de privilegios en Cossmil.
La prótesis valvular mecánica que le fue implantada hace más de 20 años cumplió su vida útil, pero no será reemplazada porque el militar -físicamente- ya no está en condiciones de soportar una cirugía a corazón abierto y su abogado asegura que si su cliente obtiene detención domiciliaria, sería para seguir en este hospital, porque debe estar vigilado las 24 horas.
A eso se suma el desgaste del cartílago en la columna vertebral, lo que le impide quedarse sentado o echado por más de 45 minutos; por eso alterna entre la silla de ruedas y la cama ortopédica que tiene en Cossmil.
Las comodidades del exdictador causan la protesta de sus víctimas, quienes creen que existe protección desde esferas del Gobierno y de los propios militares que cuidan a su camarada, otorgándole beneficios de los que no tiene la mayoría de los pacientes. Pero Reymi Ferreira, ministro de Defensa, niega que existan privilegios, más allá de la atención médica en Cossmil. Asegura que esa denuncia ya fue debidamente indagada.
Victoria López, de la Asociación de Víctimas de la Violencia Política, que pernocta en El Prado de La Paz desde hace más de tres años, recuerda que los golpistas de ese régimen no tuvieron clemencia con las víctimas y que asesinaron a cientos de personas sin contemplación y sin juicio; ahora se enteraron de que García Meza nunca fue dado de baja y tiene todas las prerrogativas del servicio pasivo.
El cómplice
La situación del cómplice de García Meza no es más halagüeña. Arce Gómez ya no cuenta con el seguro militar, por eso no tiene la comodidad “del general”.
Según el abogado Oswaldo Justiniano, que patrocina al exministro del Interior, su cliente llegó dos veces al hospital de Clínicas, un centro público al que asiste la mayoría de la ciudadanía paceña. Justiniano afirma que Cossmil le suspendió el seguro con el argumento de que fue dado de baja y no puede gozar de este beneficio, algo que él ya reclamó y quiere recuperar.
Pero en la institución explicaron que fue el propio Arce Gómez quien solicitó, a través de su abogado, la devolución de los aportes a Cossmil y por eso él tiene médicos particulares que lo asisten en Chonchocoro.
Allí no tiene la celda exclusiva que tenía García Meza y debe ocupar una del pabellón A con otros dos internos. Por su edad, no comparte con el resto en prisión y se la pasa encerrado, cuenta uno de los guardias. Va a La Paz una vez al mes para cobrar una renta y comprar remedios. En eso han quedado los dos últimos golpistas militares.
EL DEBER / Marco Chuquimia
De uniforme y con el poder del Estado, en 1980 García Meza y Arce Gómez reinaban por la fuerza.
Han pasado 37 años desde que el hombre que prometió gobernar “20 años a plan de charque y chuño” se hiciera del poder en Bolivia en un sangriento golpe de Estado y ahora debe pelear contra los achaques de la edad. El tiempo le mostró que el dinero que amasó en su corto Gobierno no es suficiente para prolongar la vida. Luis Arturo García Meza Tejada no tiene salida, vive en un hospital, admite su abogado, Frank Campero.
Su lugarteniente, el coronel Luis Arce Gómez, aquel que ejerció el poder a sangre y fuego, tampoco tiene opciones: ahora es él el que debe caminar “con el testamento bajo el brazo” porque sabe que concluirá su existencia encerrado en una fría celda del penal de Chonchocoro. Así transcurre el resto de la vida de los dos últimos golpistas militares, presos por crímenes de lesa humanidad y la violación de derechos humanos y golpes.
García Meza fue trasladado al penal de máxima seguridad el 15 de marzo de 1995, condenado a cumplir una pena de 30 años sin derecho a indulto y debía salir de allí en marzo de 2025; pero el exdictador estuvo menos de la mitad de ese tiempo en su celda, la mayor parte la ha pasado hospitalizado en la Corporación del Seguro Social Militar (Cossmil), un hospital exclusivo para militares en Miraflores de la ciudad de La Paz.
Postrado y custodiado, pero cómodo. Así, el exdictador ocupa dos habitaciones del sexto piso de ese edificio. No es posible acceder a las mismas, pues solo pasan familiares autorizados que llegan hasta ahí porque ha sido ubicado después de otras salas para pacientes con enfermedades graves. Además, terapia intensiva está en el mismo nivel y el acceso es aún más restringido después del piso 4.
Uno de los ambientes está ocupado por García Meza y tiene la atención de tres especialistas, un cardiólogo, un gastroenterólogo y un fisioterapeuta que se turnan para revisar la salud del militar, de 87 años, responsables del golpe que, entre otras cosas, asesinó e hizo desaparecer al líder socialista Marcelo Quiroga Santa Cruz. El otro ambiente es para los dos policías que están designados como custodios. El abogado Frank Campero explica que los policías están en la habitación de su cliente. Oficialmente, el Ministerio de Defensa negó que García Meza goce de privilegios en Cossmil.
La prótesis valvular mecánica que le fue implantada hace más de 20 años cumplió su vida útil, pero no será reemplazada porque el militar -físicamente- ya no está en condiciones de soportar una cirugía a corazón abierto y su abogado asegura que si su cliente obtiene detención domiciliaria, sería para seguir en este hospital, porque debe estar vigilado las 24 horas.
A eso se suma el desgaste del cartílago en la columna vertebral, lo que le impide quedarse sentado o echado por más de 45 minutos; por eso alterna entre la silla de ruedas y la cama ortopédica que tiene en Cossmil.
Las comodidades del exdictador causan la protesta de sus víctimas, quienes creen que existe protección desde esferas del Gobierno y de los propios militares que cuidan a su camarada, otorgándole beneficios de los que no tiene la mayoría de los pacientes. Pero Reymi Ferreira, ministro de Defensa, niega que existan privilegios, más allá de la atención médica en Cossmil. Asegura que esa denuncia ya fue debidamente indagada.
Victoria López, de la Asociación de Víctimas de la Violencia Política, que pernocta en El Prado de La Paz desde hace más de tres años, recuerda que los golpistas de ese régimen no tuvieron clemencia con las víctimas y que asesinaron a cientos de personas sin contemplación y sin juicio; ahora se enteraron de que García Meza nunca fue dado de baja y tiene todas las prerrogativas del servicio pasivo.
El cómplice
La situación del cómplice de García Meza no es más halagüeña. Arce Gómez ya no cuenta con el seguro militar, por eso no tiene la comodidad “del general”.
Según el abogado Oswaldo Justiniano, que patrocina al exministro del Interior, su cliente llegó dos veces al hospital de Clínicas, un centro público al que asiste la mayoría de la ciudadanía paceña. Justiniano afirma que Cossmil le suspendió el seguro con el argumento de que fue dado de baja y no puede gozar de este beneficio, algo que él ya reclamó y quiere recuperar.
Pero en la institución explicaron que fue el propio Arce Gómez quien solicitó, a través de su abogado, la devolución de los aportes a Cossmil y por eso él tiene médicos particulares que lo asisten en Chonchocoro.
Allí no tiene la celda exclusiva que tenía García Meza y debe ocupar una del pabellón A con otros dos internos. Por su edad, no comparte con el resto en prisión y se la pasa encerrado, cuenta uno de los guardias. Va a La Paz una vez al mes para cobrar una renta y comprar remedios. En eso han quedado los dos últimos golpistas militares.
EL DEBER / Marco Chuquimia
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