En una reunión con empresarios e invitados extranjeros, Evo Morales volvió a sorprender y dejar estupefacto a sus auditores al pedir (a quién) seguridad jurídica. Al parecer el ocupante del Palacio Quemado ignora que la seguridad jurídica es uno de los bienes más preciados que el Estado garantiza. Es en realidad la justificación de la existencia del mismo Estado que tiene el monopolio de la violencia, asegura la vida y desarrollo de la sociedad y la paz interior. El Estado que Evo Morales preside debe por ello garantizar la observancia de normas jurídicas y el mando de la autoridad que permite al ciudadano moverse en un marco legal con libertad y autonomía según sus necesidades, quedando sus acciones sujetas a un ordenamiento jurídico.
Más de uno habrá sonreído ante la ingenuidad o la ignorancia del Jefe de Estado al pedir seguridad jurídica, y acto seguido referirse a la seguridad social que es asunto distinto. La seguridad jurídica la da el Estado a la sociedad y no al revés.
La legitimidad de que goza su gobierno pretende que los ciudadanos acepten sin imposición el orden político y jurídico basado en un estado de derecho que practica por sobretodo el bien común, al que nos hemos referido tantas veces en nuestro accionar periodístico. Porque el bien de todos (de la mayor parte de la ciudadanía) está por encima de todo otro. Así la justicia y el bien común se unen a la seguridad jurídica para establecer el marco imprescindible para la convivencia entre naciones. Es más, el Estado legítimo tiene el derecho de mandar y hace de la obediencia un deber, transforma -como proclamó algún jurista- la relación de fuerza en una relación jurídica.
Cuando un gobierno no puede otorgar esta seguridad jurídica como legitimidad del orden político, corresponde la desobediencia civil, que infiere amenaza a la existencia del Estado, al percibir que leyes ilegítimas o actitudes de hecho bloquean sus derechos entre ellos el de disenso, y cuando asume la desobediencia como el recurso a mano para producir un quiebre en la estructura del régimen.
En el marco de las relaciones entre estados, Evo Morales lo oyó en Japón, en las Naciones Unidas, en Argentina y Chile, un reclamo generalizado por la Seguridad Jurídica referido especialmente a la vigencia de la Ley y de los Convenios Internacionales al amparo de sobresaltos (nacionalizaciones y confiscaciones sin indemnización)o en contra de acciones aparentemente legales pero que contradicen la buena vecindad y el respeto mutuo.
La fidelidad al imperio de la ley, en lugar de colocarse al margen de ésta aún cuando aparentemente gozara del apoyo popular, debe ser el distintivo de todo gobierno para imponer ante los otros estados, la consideración suprema en resguardo justamente del bien común, de la justicia y de la legitimidad que viene de la voluntad expresada en el ejercicio pleno de la democracia.
