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martes, 15 de mayo de 2007

Distintos ángulos. Distintas visiones. II

Primera Plana pone ante sus ojos, la noticia, el acontecimiento mayor de cada dia ocurrido en Bolivia. Por las características del blog, este acontecimiento va resumido con un punto de vista periodístico.
Trasladamos aquí la Parte II del análisis que sobre la Nacionalización de Hidrocarburos ofrece el prestigiado Portal IAR Argentina.

La ficción "nacionalizadora"

Para los sindicatos y organizaciones combativas la "nacionalización" de Morales nunca fue otra cosa que la "legalización" de las petroleras multinacionales mediante la suscripción de nuevos contratos en el marco de la Ley de Hidrocarburos 3058, que hace un año motivó una rebelión popular de la que participó el propio Morales (preparando su campaña electoral).
En opinión de los sectores combativos, la anunciada nacionalización de los hidrocarburos no fue más que la aplicación a fondo de la ley 3058, aprobada hace un año por el Congreso y el gobierno del ex presidente Carlos Mesa, para defender el poder petrolero amenazado por una gigantesca rebelión popular.
Esa ley otorgaba 180 días para que las transnacionales petroleras, que operan ilegal e inconstitucionalmente en Bolivia -según dictamen inapelable del Tribunal Constitucional- firmen nuevos contratos para poder seguir explotando las riquezas naturales del país.

La decisión de Evo Morales, además de tapar las huelgas y conflictos sociales que su gobierno afrontaba, si bien sorprendió por su rapidez y sus modalidades, no causó la misma impresión entre los analistas, consultoras y ejecutivos del capitalismo trasnacionalizado.
Para la mayoría de los expertos que desde Wall Street aconsejaban mantener la "calma", con la nacionalización, que en verdad es una reescritura de los contratos de concesión, Bolivia entraba de lleno en el capitalismo y se hacía más "previsible" para los inversores.
En pleno anuncio del decreto de "nacionalización" la agencia Fitch Ratings, una de las mayores calificadoras del mundo capitalista globalizado, anunciaba que la nacionalización del gas de Bolivia no generaría cambios en sus evaluaciones debido a que se trataba de una medida "no inesperada".
Para Robert Mabro, del Oxford Institute for Energy Studies, la decisión de "nacionalización" del gobierno de Bolivia se enmarcaba en una tendencia general en la que firmas privadas y estados se ven obligados a "convivir" en un ámbito de negociación.
"Es cierto que las condiciones para las compañías han cambiado en los últimos meses, con el auge de este populismo. Pero las empresas, pese a todo, siguen ahí. Y siguen haciendo dinero", afirma Mark Weisbrot, codirector del Centre for Economic and Policy Research en Washington.
Con el ejemplo de Bolivia, un conjunto de analistas opina que Latinoamérica acabará siguiendo el guión de Oriente Medio, en el que las empresas privadas desarrollan sus actividades tras "pactar" con los gobiernos.