IAR Argentina, un portal internacional muy arraigado y que realiza profundos análisis sobre la problemática mundial, se ha ocupado de lo que llama "la ficción de la nacionalización de hidrocarburos en Bolivia". Hoy entregamos a los visitante de Primera Plana, la tercera y última parte de las distintas visiones que ha generado el hecho político del Uno de mayo del 2006.
En opinión de los sectores combativos, la anunciada nacionalización de los hidrocarburos no fue más que la aplicación a fondo de la ley 3058, aprobada hace un año por el Congreso y el gobierno del ex presidente Carlos Mesa, para defender el poder petrolero amenazado por una gigantesca rebelión popular.
Esa ley otorgaba 180 días para que las transnacionales petroleras, que operan ilegal e inconstitucionalmente en Bolivia -según dictamen inapelable del Tribunal Constitucional- firmen nuevos contratos para poder seguir explotando las riquezas naturales del país.
La decisión de Evo Morales, además de tapar las huelgas y conflictos sociales que su gobierno afrontaba, si bien sorprendió por su rapidez y sus modalidades, no causó la misma impresión entre los analistas, consultoras y ejecutivos del capitalismo trasnacionalizado.
Para la mayoría de los expertos que desde Wall Street aconsejaban mantener la "calma", con la nacionalización, que en verdad es una reescritura de los contratos de concesión, Bolivia entraba de lleno en el capitalismo y se hacía más "previsible" para los inversores.
En pleno anuncio del decreto de "nacionalización" la agencia Fitch Ratings, una de las mayores calificadoras del mundo capitalista globalizado, anunciaba que la nacionalización del gas de Bolivia no generaría cambios en sus evaluaciones debido a que se trataba de una medida "no inesperada".
Para Robert Mabro, del Oxford Institute for Energy Studies, la decisión de "nacionalización" del gobierno de Bolivia se enmarcaba en una tendencia general en la que firmas privadas y estados se ven obligados a "convivir" en un ámbito de negociación.
"Es cierto que las condiciones para las compañías han cambiado en los últimos meses, con el auge de este populismo. Pero las empresas, pese a todo, siguen ahí. Y siguen haciendo dinero", afirma Mark Weisbrot, codirector del Centre for Economic and Policy Research en Washington.
Con el ejemplo de Bolivia, un conjunto de analistas opina que Latinoamérica acabará siguiendo el guión de Oriente Medio, en el que las empresas privadas desarrollan sus actividades tras "pactar" con los gobiernos.
Bolivia -tal como lo acaba de reconocer Morales- noo solamente sufre carencias técnicas y humanas para extraer todos sus recursos energéticos sino que también carece de sistema de comercialización y de mercado propio (el mercado internacional hegemonizado por las trasnacionales) para gerenciar la colocación de sus recursos energéticos.
Esto implica, razonablemente, que si Morales (que hasta ahora, y más allá de su demagogia "antiimperialsita", ha sido sumiso con el capitalismo trasnacional) decidiera llevar a fondo su discurso "nacionalizador", debería expropiar los bienes y tecnología de extracción y comercialización hoy en manos de las trasnacionales petroleras y gasíferas.
En cuyo caso, Bolivia tendría que enfrentar inmediatamente un bloqueo comercial de sus productos impuesto por EEUU y las potencias capitalistas, tal como lo enfrentaron oportunamente la Cuba revolucionaria de Fidel Castro, o el Irak nacionalista de Saddam Hussein.
Y además de ese bloqueo internacional, Morales -en caso de expropiar y nacionalizar la energía boliviana- debería enfrentarse al propio establishment de poder boliviano y a la embajada norteamericana que le declararían un boicot patronal (como se lo hicieron a Allende en Chile hace treinta años) y promoverían un golpe interno para derrocar al gobierno.
Por otra parte, sería un absurdo que Morales, quien se prestó a la división de la rebelión popular en mayo/junio del 2005, se enfrentase con los poderes capitalistas que bajo cuerda impulsaron su candidatura como "alternativa" al desgastado y corrupto sistema de presidentes del establishment.
En ese marco, sostienen los expertos, a Morales no le queda otro camino que "renegociar" los contratos en búsqueda de mayores impuestos y regalías (siguiendo el ejemplo de Chávez en Venezuela) pero sin alterar la estructura de dependencia a los consorcios petroleros y al capitalismo trasnacional.
Bolivia (como el resto de los países de América Latina) no es solamente dependiente del capitalismo trasnacional en lo que hace a su sistema económico-productivo, sino que su dependencia es estructural: económica, política y militar.
