Defensa del Estado de Derecho
Juicios de valor se han expresado con vigor y prontitud en el conflicto desatado por el Poder Ejecutivo en contra del Poder Judicial, creando una atmósfera de incertidumbre e inseguridad jurídica en Bolivia. En éste contexto citamos aquí los más recientes pronunciamientos de notables articulistas aunque previamente la acusación:
De Evo Morales. El acusador
“El Poder Judicial se constituye en la institución más corrupta del país y anualmente se denuncian 1.500 casos de corrupción sin procesos judiciales que castigue esta práctica ilegal, En una investigación encontramos que cada año, término medio, hay una denuncia sobre los miembros del Poder Judicial, 1.500 sobre algunos miembros del Poder Judicial están envueltos en temas de corrupción”, afirmó el Jefe de Estado en el pueblo potosino de Betanzos. De las denuncias sobre el Poder Judicial apenas es juzgado el cinco por ciento, siendo lo peor que no hay casos con sanciones legales. “Imagínense lo que hay en ese Poder Judicial, donde tiene que hacerse justicia y no se hace justicia finalmente”. Morales se refirió también a la retardación de justicia y dijo que por intereses mezquinos los partidos opositores obstaculizan la designación de autoridades idóneas para la administración transparente de la justicia.
De Ernesto David Pereyra
El Tribunal Constitucional es el único guardián de la constitucionalidad y, por tanto, el único que puede velar por el estado de derecho, por lo que se convierte en el incordio del MAS y de don Evo Morales que no pueden hacer lo que les venga en gana con la Constitución Política del Estado mientras tengan ese atajo. Menos mal que en ese Tribunal hay mujeres que, como todas, parece que son más valientes y decididas que muchos varones. Y puede ser cierto, porque los huevos los ponen las gallinas y no los gallos. La gran responsabilidad del futuro próximo de este País está en ese Tribunal, cuyos miembros, antes de tomar cualquier decisión que diga con su propia tranquilidad o comodidad personal deben prever la historia del futuro y la significación de sus actos en ese devenir que trae nubarrones. Por ello, la siguiente advertencia popular encaja a este momento de peligro, cuando dice: "asna wayras phucumuskan, aca sina paramonka", que dicha en castellano para los gringos del Palacio de Gobierno, que no entienden quechua, la traducción es: "vientos hediondos están soplando, parece que ha de llover mierda".
De Cayetano Llovet
...y otra, muy diferente, es creer que no hay oposición. La desinstitucionalización de Estado, la consiguiente desagregación y, sobre todo, la inevitable regionalización de la política, niegan la posibilidad de la instauración dictatorial eficaz. Se puede manosear Corte Suprema, se puede atropellar Tribunal Constitucional, se puede imaginar Constituyente inventando engendros constitucionales, se puede presionar a medios y a personas, se puede ser abusivo al estilo atropellador y sindical. Para ser dictador, se necesitan tamaños y se necesita Estado. Aquí no hay ni Estado ni tamaños, ¡es sólo abusivo!
(En días pasados el País ha sido sacudido con la agresión de un grupo de mineros que viajaron desde sus centros de trabajo a la Capital de la República con el único fin de agredir e intimidar al Tribunal Constitucional y evitar que este órgano, que ejerce el máximo control de la constitucionalidad, se pronuncie en una demanda de declaratoria de inconstitucionalidad presentada por un diputado. Hizo estallar dinamitas junto al edificio del Tribunal, ocasionó heridas a algunos guardias de seguridad pública y daños en el inmueble para retornar después a los lugares de partida, dejando el mensaje que conllevaba el acto de bandidaje).
El anuncio de demanda contra el Tribunal Constitucional es un acto de matonaje gubernamental que cumple con todos los requisitos clásicos del matonaje, comenzando por la utilización de muchos contra uno. Pero tampoco tengo duda de que el abusivo de hoy, se está vengando de los abusivos de ayer. Cuando escucho a diputados y senadores de oposición --¡llamados honorables!--, explicando con pelos y señales los detalles del cuoteo anterior, justificándolo porque el MAS era una parte de la repartija, debo admitir que el cinismo se ha erigido en componente normal del ejercicio político. No es que lo ignoráramos: pero que ahora nos informen, ¡oficialmente!, que ministerios, Defensor del Pueblo, Fiscalía General, Corte Suprema, Tribunal Constitucional, eran simples trozos para repartir en el convite, ¡es, solamente, la constatación de que nos han estado dando de comer carne podrida! Lo que ahora hace el gobierno, es aprovechar su mejor posición, más peso y mayor fuerza, para obtener, a empujones, lo que antes tenía que negociar como partido. El dirigente sindical --permanentemente obligado a negociar--, convertido en gobernante con aplastante mayoría, interpreta su gestión como acto de venganza, y cree que sus abusos y atropellos, ¡son actos de gobierno!
De José Gramont de Moragas
La guerra de los tribunales enfrenta al Poder Ejecutivo con el Judicial. "Malum signum" si es que aspiramos a consolidad el Estado de Derecho, tal como dicta la razón política así como lo recomiendan todos los países y las entidades dispuestas a cooperar al desarrollo, tanto institucional como socioeconómico de Bolivia. Sin Estado de Derecho, la arbitrariedad de la consigna ideológica es la que manda. La intención de politizar la administración de la justicia es someter al país al capricho de los pasajeros detentadores del poder.
...el fondo de la cuestión radica en que la "revolución social-comunitaria" se propone el dominio absoluto del poder político. Lo que significa que, una vez ganada la mayoría en Diputados (aunque no en Senadores), aspira al control de la justicia. Con los tres poderes en sus manos, tal como ese partido ha aprendido de los regímenes autoritarios (Cuba y Venezuela) se acabó el pluralismo democrático y las plenas libertades ciudadanas. Ya lo advirtió el Papa en Brasil, en su último discurso a los latinoamericanos cuando reconoció con preocupación la tendencia de algunos países de la región, a los autoritarismos.
De Cayo Salinas
Déjeme decirle que el TC es el encargado de ejercer el control de la constitucionalidad y garantizar la primacía de la CPE y respeto de los derechos y garantías constitucionales de las personas. Sus integrantes están sometidos a la Carta Fundamental y a las leyes de la República, de ahí que por mandato expreso de la ley, los fallos que pronuncia tengan carácter vinculante y sean obligatorios para los Poderes del Estado, legisladores, autoridades y tribunales. Como verá, instancias de esa naturaleza permiten que todo ciudadano que considere que están siendo restringidos, suprimidos o amenazados sus derechos por terceras personas o por el propio Estado Boliviano, acuda en busca de protección a fin de lograr la reparación dispuesta por ley.
Resulta un atropello a nuestra dignidad de bolivianos que el gobierno pretenda hacernos creer que los tribunos cometieron prevaricato al fallar como lo hicieron, y que la primera autoridad de este país haya difundido un rosario de vituperios contra los integrantes de tan importante cuerpo tutelar constitucional al extremo de buscar su destitución en abierta contradicción al slogan que se manejó al designarse a cuatro ciudadanos para cubrir las acefalías en la CSJ. Seguramente el Presidente Morales olvida que fue el TC que ahora deshonra, el que lo devolvió al parlamento cuando un ex Presidente planteó su desafuero y el que emitió resoluciones que le fueron favorables en recursos formulados cuando fungía de parlamentario, por lo que nada me hace ver que ese mismo tribunal, acusado de estar en contra de la cruzada anticorrupción del gobierno, haya emitido una resolución en abierto hostigamiento a esa cruzada; lo que sí me queda claro es que dicho fallo sienta jurisprudencia para este y otros gobiernos.
De Edwin Rojas. Presidente del Colegio de Abogados (Entrevista de El Mundo)
–Edwin Rojas (ER): El Tribunal Constitucional de la Nación es el que controla que se cumpla la Constitución y las leyes, que no hayan actos de violación por quienes detentan el poder ya sea político o económico, el Constitucional es un Tribunal de garantía de los derechos fundamentales de las personas, es el único tribunal que nos puede garantizar que si nos detienen ilegalmente y abusivamente nos puede garantizar la libertad, en un plazo de 24 horas. –EM: ¿Qué significa esta acción que ha anunciado el Gobierno que inicia en contra del TC? –ER: Los abogados del país estamos no sorprendidos sino indignados, porque la denuncia formal que ha hecho el Presidente de la república en contra de los integrantes del TC es un acto de agresión al Poder Judicial, es una burda y torpe agresión que yo espero que en el Congreso Nacional, por más que el partido oficialista tiene mayoría no se vaya a prestar para un juicio político donde se están contraviniendo flagrantemente los derechos de una institución y de sus integrantes como es el TC, yo decía Dios salve a Bolivia sin TC. –EM: ¿Cuáles son las consecuencias de enjuiciar a los miembros del TC? –ER: Como jurista que si es que se suspende a miembros del Tribunal Constitucional se va cerrar, porque en este momento no habría quién haga funcionar el Tribunal, si eso ocurre lo que va pasar es que se rompe el Estado de Derecho porque vamos a tener uno de los principales poderes que no va funcionar para garantizar los derechos fundamentales y el poder político va agarrar fuerza. –EM: En este caso, ¿a quién afectaría esta situación de no poder garantizar el cumplimiento de los derechos fundamentales? –ER: El de atentar contra el Tribunal Constitucional no va afectar tanto a los poderosos, los poderosos tienen cómo defenderse, va a afectar al pueblo boliviano, a los obreros, afecta a todos, pero principalmente a ellos porque son los que no tienen cómo hacer valer sus derechos cuando son abusados –EM: ¿Qué se pretende con este tipo de medidas? –ER: Se pretende con este tipo de medidas sumar el poder, en este momento el Poder Ejecutivo tiene un poder en sus manos, el Poder Legislativo casi lo tiene porque tiene mayoría de representantes nacionales, si lo suma el Poder Judicial se va romper el Estado Constitucional de Derecho y los ciudadanos bolivianos no vamos a poder contar con un Tribunal garantista de nuestros derechos fundamentales, la situación es seria y adecuada, ojalá y reaccione el Gobierno, los diputados, senadores y archiven esa causa porque es burda, es una intromisión en el Poder Judicial que es independiente. –EM: ¿Ha existido prevaricato como está acusando el Gobierno al TC? –ER: A mí me sorprende que el Poder Ejecutivo haya reaccionada de forma tan torpe, siendo que el TC no es que ha cesado a cuatro ministros legal y legítimamente constituidos, quiero decirle al pueblo boliviano que lo que el Tribunal Constitucional ha cesado ha sido a cuatro ministros interinos nombrados sin legalidad ni legitimidad, nombrados por el Poder Ejecutivo, por una parte interesada en la administración de justicia, por lo cual es muy fácil, muy vulnerable que los señores ministros interinos que responden a la consigna de quienes lo han designado, no nos garantice una administración de justicia proba, como es la que necesitamos.
N.del E. En cuatro dias de generado el incidente por el Poder Ejecutivo, la prensa nacional ha publicado 93 crónicas, artículos y editoriales y el escándalo ha dado la vuelta al mundo siendo reproducidos los textos en Europa, Estados Unidos y hasta Japón, Rusia y Sudáfrica.
