Sin comentario por el momento, transcribimos el artículo de Centa Reck publicado por el portal: www.hoybolivia.com en su sección de análisis:
Las víctimas de violencia política asociados en UNAVIPO se encuentran en huelga de hambre desde el 26 de abril reclamando el incumplimiento de la Ley 2640 dictada por el ex presidente Carlos Meza en marzo del 2004, quien con esta ley respondió al dictamen de la Naciones Unidas que estipula el resarcimiento social y económico para todas las victimas del mundo que hayan sufrido violencia política desde el año 1964 a 1982. La resolución de la onU estipula que el Estado respectivo debe aportar con el 20% del monto fijado y el 80% del resarcimiento se hará con fondos de Naciones Unidas.
Jorge Aguilar A y Nebedine Rengife, miembros de la directiva de esta asociación de víctimas, expresan que en Bolivia no ha existido voluntad política para cumplir con el resarcimiento estipulado.
Declaran asimismo que les llama profundamente la atención el hecho de que la actual Ministra de Justicia Celima Torrico no hubiera mostrado interés por cumplir con la obligación. Recordaron así mismo que las víctimas de las luctuosas jornadas de octubre de 2003 han recibido el respectivo desagravio y resarcimiento económico que consiste en una pensión vitalicia de 1.500 bolivianos mensuales.
También expresaron que el vicepresidente Álvaro García Linera habría recibido un resarcimiento de 250.000 US, situación que los lleva a pensar que existe una discriminación en este tema, habiendo pasado por alto el actual gobierno, los episodios que sufrieron otras víctimas que no sean las de su propio partido. Esta circunstancia lleva a que los que han optado por esta extrema medida de presión, protesten por la ausencia de memoria histórica y por la falta de interés en cualquier problemática que no sea la de los correligionarios del actual gobierno.
Algunos de los que se han acogido a la Huelga, observan que sus expedienten no han sido revisados adecuadamente, ya que en 2.000 expedientes que han sido entregados a la comisión, sólo 284 han sido aprobados y los restante
1.463 han sido observados. Las observaciones exigen a los peticionantes, documentos que van desde exigencia de certificado de defunción para un desaparecido, como dos testigos oculares de la aprehensión de otra de la víctimas, también se exige en otros casos certificado de pertenencia al partido comunista, como si esta situación fuera un requisito indispensable para decretar la violación de derechos o la violencia política.
Los afectados muestran un estado lamentable, puesto que son personas de la tercera edad y que han pasado su vida marginados de la posibilidad de trabajar y sin el debido resarcimiento.
La violencia del Estado es una de las peores experiencias de abuso que pueden sufrir las personas de la sociedad civil, pues el aparato gubernamental cuenta con toda la maquinaria y la estructura política para ejercer una represión violenta e irracional sobre los ciudadanos que considera opositores o que cataloga como sus enemigos.
Es importante hacer notar que las víctimas de la violencia política no son fruto de un sólo partido político, y pueden englobar a todas las víctimas de las dictaduras que pueden surgir de una ideología de derecha o de izquierda, porque en todo caso son víctimas de acciones que son fruto de un poder dictatorial totalitario.
Las victimas que hoy buscan un justo resarcimiento expresan que “esta democracia se ha construido con sangre y se debe conservar en el estricto cumplimiento y respeto a los Derechos Humanos”, algo que en el presente momento está en cuestión y nos muestra un camino que ha dado muestra de la vulneración de las libertades ciudadanas y los derechos Humanos.
