Roberto Laserna es uno de los analistas políticos que más acertado se ha mostrado desde hace tiempo en sus pronósticos y desarrollos en la impredecible realidad boliviana. Recordemos por ejemplo cuando con un artículo muy bien planteado reveló que el Contrato con los indúes para la explotación del 50% de la riqueza del Mutún no iría a deparar ganancias para el Tesoro de la Nación en los montos que anunciaba la publicidad oficial, más al contrario y debido a los precios del gas subvencionados por el Estado, mostraban un escuálido negocio. Las percepciones de Laserna estaban en lo cierto lo que originó entre otras cosas, varios importantes ajustes en el contrato con Jindal. Qué pasaría si fracasa la Constituyente? He aquí las premonitoras perspectivas que nos ofrece Roberto Laserna:
Ahora que se han hecho más visibles las sombras del fracaso de la Asamblea Constituyente es frecuente escuchar advertencias de que, si eso ocurre, podría desatarse la violencia en el país. Se trata, obviamente, de un exceso, y hasta podría considerarse una suerte de chantaje destinado a atemorizar a la población. Chantaje para lograr que la población siga creyendo en esa ilusión que nos condujo a forzar las normas y abrir la Caja de Pandora en la que se ha ido convirtiendo, previsiblemente, la Asamblea, y forzar su prórroga, no contemplada en la ley de convocatoria. Esto solamente prolongaría la incertidumbre, nuevos conflictos y crecientes pugnas particularistas. O chantaje para crear un ambiente que permita, por el temor, una aprobación ciega al nuevo texto constitucional en el referéndum previsto para darle plena vigencia.
Ningún chantaje logra efectos duraderos por lo que lo más razonable sería, ahora, admitir que la Asamblea fracasó. Invertir más esfuerzos y recursos en ella solamente agravaría el costo económico y político que el país ya absorbió hasta ahora.
El fracaso de la Asamblea, es decir, su cierre sin pena ni gloria el próximo 6 de agosto, cuando se haya verificado finalmente que no se logró el ansiado encuentro deliberativo y el nuevo pacto democrático, implicaría mantener la vigencia de la actual Constitución Política del Estado. Después de admitir el fracaso no caeremos en un vacío de normas y leyes sino que tendremos que asumir la necesidad de seguir jugando bajo las reglas que el país se ha ido dotando a lo largo de sus 182 años de vida republicana.
¿Qué quiere decir esto?
Que Bolivia seguirá definida como una república unitaria "libre, independiente, soberana, multiétnica y pluricultural" y que tendrá un gobierno con "la forma democrática representativa y participativa, fundada en la unión y la solidaridad de todos". Que la soberanía seguirá residiendo en el pueblo y que el derecho de voto será universal e igual para todos los ciudadanos mayores de 18 años. Que no habrá esclavos ni siervos y que todo trabajo deberá ser justamente remunerado. Que se respetará la dignidad de la persona sin discriminación alguna y que todos gozarán de libertad para pensar, expresarse, trasladarse, invertir, trabajar, producir, tener creencias religiosas, desarrollar su cultura o asociarse con otros, siempre en el marco de las leyes y respetando las libertades de los demás.
¿Qué hay de malo en todo eso?
¿Por qué no podríamos continuar presumiendo la inocencia de la gente hasta que se pruebe lo contrario en una corte independiente y donde los acusados sean escuchados y tengan la protección de la ley y el apoyo de un abogado? ¿Por qué no podría seguirse reconociendo el derecho de las personas a la propiedad siempre que ella no sea perjudicial al interés colectivo y a recibir indemnización si se la expropia?
La actual Constitución Política del Estado, que ha sido puesta en duda por la Asamblea Constituyente, otorga autonomía a los gobiernos municipales y reconoce la de las universidades, y define la educación como "la más alta función del Estado". También establece la independencia de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, creando mecanismos de equilibrio entre la representación territorial (Senado) y poblacional (Diputados), dando protección a los ciudadanos (Tribunal Constitucional, Defensor del Pueblo, Corte Electoral) y controlando el uso de los bienes públicos (Contraloría).
Si fracasa la Constituyente, renovará su vigencia la norma que define los recursos naturales del suelo y del subsuelo, incluyendo aguas, hidrocarburos y minerales como de "dominio originario del Estado". Seguirá reconociéndose que "el trabajo es la fuente fundamental para la adquisición y conservación de la propiedad agraria, y se establece el derecho del campesino a la dotación de tierras", desconociéndose el latifundio y regulándose la economía a fin de que responda "a principios de justicia social que tiendan a asegurar para todos los habitantes, una existencia digna del ser humano". ¿Acaso esto es tan malo que debamos tirarlo por la borda?
Reconocer que la Asamblea fracasó no nos dejaría en un limbo jurídico ni institucional.
Hay una Constitución y ella es el fruto de una larga acumulación de experiencias y luchas sociales que, indudablemente, puede seguirse mejorando y cambiando mediante procedimientos razonables y cautelosos, de concertación democrática. Admitir el fracaso de la Constituyente, en vez de prolongar su agonía, no nos cierra los caminos del cambio que seguiremos buscando, pero sí nos ayudaría a cerrar una fuente de conflictos e incertidumbre y nos permitiría dedicarnos a cosas menos ilusorias y más efectivas. Hay mucho que hacer en el país para que sigamos en el camino de la confrontación estéril al que nos está llevando este proceso. Reconocer que nos equivocamos como país al apostar por la Constituyente nos ayudará, finalmente, a abandonar la ingenua creencia de que basta con cambiar leyes para que cambie la realidad.
