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viernes, 28 de marzo de 2008
acusado y notificado por genocidio en Sucre
Primera Plana pone ante sus ojos, la noticia, el acontecimiento mayor de cada dia ocurrido en Bolivia. Por las características del blog, este acontecimiento va resumido con un punto de vista periodístico. El Fiscal General de Bolivia, Mario Uribe, ha pedido una audiencia con el presidente Evo Morales para comunicarle que ha sido demandado por "genocidio", por las tres muertes ocurridas en Sucre en los disturbios de noviembre contra la Asamblea Constituyente.
Una portavoz de la Fiscalía confirmó hoy a Efe que Uribe ha enviado una carta al mandatario para que le reciba en audiencia y así poder informarle de los detalles de la proposición acusatoria en su contra.
En enero pasado, el Colegio de Abogados de la región de Chuquisaca, que representa a los familiares de las víctimas de Sucre, presentó una demanda de juicio de responsabilidades contra Morales ante la Fiscalía General.
El presidente está sindicado por el delito de "genocidio", dado que los demandantes argumentaron que la legislación penal boliviana permite una acusación de ese tipo cuando hay una "masacre sangrienta", que es lo que a su juicio ocurrió en Sucre a fines de noviembre pasado. Las tres víctimas se produjeron durante las violentas protestas contra la Constituyente, que aprobó en primera instancia el proyecto de nueva Carta Magna que impulsa Morales, en un recinto militar y sin la oposición.
Los manifestantes protestaban además por la decisión de la Asamblea de no debatir la petición de Sucre, donde reside el poder Judicial, para ser otra vez la sede del Parlamento y el Gobierno, que están en La Paz desde la guerra civil de 1899. Por estos sucesos, a Morales también se le acusa de presunta violación de los derechos y garantías constitucionales y de resoluciones contrarias a la ley. La demanda alcanza también al ministro de Gobierno (Interior), Alfredo Rada, por presunta violación de los derechos y garantías constitucionales, resoluciones contrarias a la ley, incumplimiento de deberes, abandono de cargo y favorecimiento de la evasión. De los mismos delitos son acusados el comandante de la Policía, general Miguel Vázquez, y otros dos jefes de esa institución.
Fuente:Los Tiempos/grafica El Mundo