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martes, 4 de marzo de 2008

Victor Hugo Cárdenas, un auténtico indio de origen aymara

quien pasó por las universidades primero como estudiante aventajado, luego como profesor y doctorante, con por lo menos cuatro maestrías sobre los temas que domina, la pedagogía, la política como ciencia, fue con toda justicia distinguido por organismos internacionales a nivel planetario en Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Francia, España, México y logró la confianza del pueblo de Bolivia que votó por él a la vicepresidencia. Victor Hugo es un auténtico originario de Achica Baja, provincia Ingavi de La Paz, habla su lengua materna el aymara, pero además el quéchua y por añadidura el inglés y francés, está casado con una cholita y es padre de una familia ejemplar. Victor Hugo tiene toda la autoridad moral y ética para escribir sobre:

Bolivia Dividida

Bolivia parece estar en riesgo de fracasar como país. El apoyo al Presidente Evo Morales, que obtuvo el 53% de los votos en diciembre de 2005, representó una demanda de coexistencia democrática, cambio social y unidad nacional. Dos años después, el país está marcado por divisiones regionales, sociales, étnicas e ideológicas, y su gobierno está confundido y desorientado.
Morales presentó una reforma constitucional que incluía cambios a la concepción y el papel del estado, la propiedad privada y el manejo de los recursos naturales y los impuestos. Sus opositores han respondido proclamando su derecho a la autodeterminación y amenazando con boicotear el plebiscito con el que espera legalizar la reforma. Los partidarios de Morales amenazan con bloquear las carreteras.
Apenas tres de los nueve departamentos de Bolivia apoyan al gobier no, mientras que el 60% de la población se concentra en los otros seis departamentos, que representan el 70% del terri torio del país y dos tercios de su PGB. Por tanto, el deseo del gobierno de imponer su voluntad a la mayoría del país resulta potencialmente peligroso.
De hecho, Bolivia, uno de los países más pobres de América Latina, se ha ido polarizando cada vez más. El conflicto no es entre el pueblo y unos cuantos oligarcas, como afirma el gobierno. La población urbana, que ya llega al 70% y está creciendo con rapidez, ha comenzado a quitar su apoyo a Morales, excepto en La Paz, El Alto y Oruro, y en los sectores más sindicalizados. Los campesinos e indígenas todavía lo apoyan, así como los militares de mayor rango.
La erosión del apoyo al gobierno se debe a su ineficiencia: la inflación es el triple de las predicciones oficiales, y los alimentos básicos y los combustibles son escasos y su suministro es irregular.
El rechazo a la cultura de las grandes empresas, la tensión política y social, y la incertidumbre acerca de las reformas han ahuyentado la inversión.
Hoy el gobierno está llevando a Bolivia al antagonismo entre los indígenas y los no indígenas, las regiones occidental y oriental, y el campo y la ciudad, todo esto exacerbado por insultos y acciones de tono cada vez más racista y etnocéntrico. La identidad de los pueblos indígenas bolivianos, que históricamente estuvieron excluidos de la vida política, social y económica, está comenzando a ser considerada como sinónimo de confrontación, violencia y agresividad étnica.
El gobierno se está aislando rápidamente de la oposición regional, cívica y política que, poco a poco, ha ido enarbolando causas como la autonomía, el pluralismo, la necesidad de un consenso y la libertad de expresión. El discurso oficial se atrinchera en el estatismo y el centralis mo, con una actitud cada vez más despectiva de los principios y procedi mientos democráticos.
El gobierno acusa a la oposición de favorecer la secesión de territorios ricos en hidrocarburos, y amenaza con represión. A su vez, los grupos de oposición regionales más radicales amenazan con la secesión si el gobierno central bloquea sus exigencias de un mayor autogobierno.
La primera consecuencia de este proceso ha sido una transición desde la legalidad al poder arbitrario. Está ocurriendo una erosión de instituciones clave, como el Tribunal Constitucional, la Corte Suprema y el Senado de la República. La Asamblea Constitu yente, que debería ge nerar unidad nacional y legitimidad democrática, se ha convertido en un mecanismo de división y poder absoluto. El gobier no ha hecho asediar el Congreso Nacional por miembros de los sindicatos, de manera que sólo sus partidarios más firmes puedan entrar a las sesiones del Senado. Además recortó el presupuesto de los gobernadores de los departamentos, con el fin de financiar un plan de pensiones ampliado y debilitarlos política y económicamente.
El cierre por parte del gobierno de espacios democráticos e institucionales genera respuestas de intensidad proporcional y equivalente, lo que a su vez tiende a generalizar el conflicto político hacia áreas donde prevalece la fuerza y la violencia.
Se necesita con urgencia una orden presidencial que retire de las calles a los sindicalistas, la policía y las tropas, con el fin de evitar una tragedia mayor (ya ha habido 30 muertes en los últimos dos años) y cree condiciones para un diálogo y un acuerdo democrático con las fuerzas regionales, cívicas y políticas. De lo contrario, el plebiscito para ratificar la “Constitución del MAS (Movimiento al Socialismo)” propuesta por el gobierno no hará más que echar leña al fuego. Dos tercios de los bolivianos no están satisfechos con la manera en que la Asamblea Constituyente ha llevado a cabo su tarea, y la mayoría considera que el texto constitucional es ilegal.
En este conflicto, ambos bandos han elevado sus apuestas, y sus amenazas podrían hacerse realidad. Sin embargo, esto no es inevitable, sobre todo porque los aymaras y no aymaras, los indígenas y no indígenas, seguirán esforzándose por preservar la unidad en democracia como base de un futuro más justo.