De acuerdo al análisis del constitucionalista José Antonio Rivera, el referéndum es una institución que se usa para consultar al pueblo para que decida sobre un tema, que debe tener previamente un marco legal. No se puede consultar sobre la inexistencia de ese marco legal. El revocatorio, según el jurista, es otra institución, distinta al referéndum, que requiere para sí de un marco legal dispuesto que debe estar sustentado en la Constitución Política del Estado.
Desde este punto de vista, se han confundido dos instituciones legales diferentes, al mezclarlas indebidamente en una sola: referéndum y revocatorio. El primero está contenido en la constitución vigente y está definido como una forma de expresión del soberano para gobernarse dentro los límites dispuestos por ley, el segundo no existe en el orden constitucional y por tanto no puede “aparecer” una ley que disponga la revocatoria de mandato por sí y para sí.
Si esto es correcto, entonces debemos preguntarle al Presidente de la Corte Nacional Electoral, señor Exeni, ¿por qué con tanta prisa e interés se dio a la tarea de definir como ilegal el Referéndum consultivo sobre los Estatutos Autonómicos, al punto de no apoyar ni reconocer sus resultados y ahora calla ante esta ilegalidad no comprendida en la Constitución vigente y se apresura a dar órdenes para su implementación?
No se puede pedir mayor muestra de sumisión de esta Corte Nacional que pretende regir los resultados de un revocatorio inconstitucional, simplemente porque es un mandato del Gobierno. Ahora se calla y se convierte en cómplice, renegando de sus propias demandas de respeto a la legalidad. Este es el señor Exeni.
En tanto Evo Morales y García Linera, que anduvieron gritando a los cuatro vientos sobre el irrespeto a la Constitución Política del Estado, afirmando que las Autonomías no tienen sustento constitucional y por tanto no fueron reconocidos sus Estatutos en defensa de esa línea jurídica, ahora sancionan la ley y se convierten en autistas constitucionales.
Todo es posible, todo puede ser legal o ilegal dependiendo de los intereses políticos que prevalezcan en un momento dado. Nadie puede hablar entonces de legalidad. La actual Constitución es un mal recuerdo de tiempos en los que la democracia pactada (satanizada por el MAS) servía para ordenar al Estado en sus relaciones con la sociedad civil. Ahora desde el Gobierno o desde cualquier municipio se puede determinar que es o no legal para cada quien.
Estamos en el gran caos Estatal. La crisis de Estado había podido llegar a estos extremos, donde la ley se hace para el que quiere y para la conveniencia del que puede. En Bolivia todo puede ser y no ser al mismo tiempo. Estamos demostrando al mundo que somos capaces de revertir principios filosóficos que nadie se atrevió a poner en duda: Lo que es bajo el mismo aspecto que es no puede ser que no sea. En Bolivia: lo que es bajo el mismo aspecto que es puede ser que no sea.
Así que podemos tener la identidad legal que queramos sin que nadie haga otra cosa que mirar, callar y seguir. ¿A dónde nos conduce esta situación? A la anarquía legal y por tanto social.
Es en este contexto objetivo de caos institucionalizado el orden es un chiste de mal gusto. Y en medio del caos se pretende preguntarle al ciudadano si está o no de acuerdo con el cambio que vanguardiza Evo Morales o las políticas de los Prefectos, se votará por una cosa distinta a la otra y el resultado se acomodará según la conveniencia de las partes. Yo quiero el cambio pero no a Evo Morales ¿cómo voto? Yo quiero autonomías pero no al Prefecto ¿cómo voto?
Ante este cuadro kafkiano que nos envuelve en sus alas perversas, debemos insistir en acabar con la pesadilla y retornar al vicio más antiguo: las elecciones de diciembre de 2005. Es mejor considerar el acortamiento de mandato y convocar a nuevas elecciones generales para todos. Es menos costoso en dinero y tiempo. Es más realista tener un nuevo orden político que resuelva el conflicto entre el centralismo presidencialista y las autonomías liberadoras.
