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viernes, 15 de agosto de 2008

los pueblos son sabios y la verdad va saliendo a flote. centralismo o autonomía. no hay vuelta de hoja.

El uno sin el otro
De Dante Pino en hoy Bolivia

Recapitulemos el anterior análisis: el eje central del voto del 10 de agosto ha definido la necesidad de resolver la crisis de Estado; dos son los caminos para conseguir esto: aprobar una nueva constitución de contenido centralista o consolidar las autonomías departamentales. Son resoluciones contrapuestas y en medio de ellas están los recursos económicos en juego, el control del IDH es fundamental para ambos.
Se trata de transferencias que por ley el gobierno central debe entregar a los departamentos, sean o no productores de hidrocarburos. Ingresos que le dan sustento real ya sea al centralismo o a las autonomías. El recorte efectuado en nombre de los “ancianos” es una manera solapada de restarle poder económico a los Prefectos para fortalecer al Presidente.
El Gobierno quiere asumir el control total de la economía. Este control es lo que le distingue de “lo neoliberal”. Por tanto es un asunto de “principio”. De ahí las declaraciones Presidenciales de profundizar el cambio con nuevas y mayores nacionalizaciones, con la presencia activa del Estado en áreas económicas como el cemento, el papel, el aceite, la distribución subvencionada de harina, carne y arroz que debería tener una expansión hacía otros productos, que inevitablemente lleva al control de precios y del comercio tanto interno como externo, para concluir con la intervención al sistema financiero, algo inevitable en la profundización de este modelo.
Para sostener este tipo de Estado el Gobierno requiere legalizarlo mediante la aprobación de su proyecto de constitución. Poder político y control económico; ambos factores en manos del Presidente convierten a este en la misma razón de ser del Estado. Sin este grado supremo de presidencialismo no es posible concebir el Estado comunitarista, que se define como Socialismo del Siglo XXI.
Es entonces inútil pensar que el Gobierno esté dispuesto a dotarles a los Departamentos autonómicos de atribuciones en el manejo de recursos económicos tan caros para las características del Estado que desean implementar. Ceder en esto es desahuciar el modelo contenido en su proyecto de constitución.
Las autonomías por el contrario necesitan no solo una constitución que legalice sus actividades en el campo económico y político dotándoles de atribuciones específicas que les permitan planificar y ejecutar su desarrollo, en el marco de la “profundización de la descentralización” sino también del control de sus recursos económicos para ejecutar las directivas políticas que se decidan. Este “principio autonómico” rompe con el “principio centralista” de control Estatal de la economía.
Es en este sentido que el proceso autonómico ha decidido avanzar mediante elecciones para consolidar su base institucional multiplicando por cero a las directivas gubernamentales que persisten en limitar sus alcances.
Nuevamente estamos en un punto de desencuentro nacional. No se puede ceder sin sacrificar el “principio”. Esta situación se revela en la declaración Presidencial “sólo quieren dinero” y la respuesta autonómica “el gobierno confisca nuestros recursos”.
Para el entender oficial se deben “juntar” las autonomías a la nueva constitución, previa aprobación de esta. Constitucionalizar las autonomías, significa entonces, supeditarlas al modelo centralista dispuesta en esta. Algo que está fuera de la lógica departamental autonómica.
Por eso se aceleran los procesos. Se fijan fechas para las elecciones de la Asamblea Autonómica y del Gobernador por encima de la constitución vigente, que en buenas cuentas, ha devenido en ser un texto sin valor para nadie.
Lo que viene después en el contexto de toda esta confrontación entre visiones opuestas para solucionar la crisis de Estado que vivimos es la resolución por la vía del hecho y no del derecho.
Las autonomías tomarán lo que consideran les pertenece y el Gobierno impondrá su constitución por encima de las resistencias que puedan presentarse. Nos queda un periodo aún de enrarecimiento político, jurídico y social, tiempo en el cual ambos procurarán sumar a su lado todas las fuerzas sociales posibles antes de dar el salto final. Esto quiere decir que deberá sobrevivir el uno sin el otro.