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jueves, 18 de septiembre de 2008

entorno del diálogo político que sostienen gobierno y prefectos y notables según la nación

Antes de que se conociera la Declaración de La Moneda -adoptada por la Unión de Naciones Sudamericana de Naciones (Unasur) respecto de la situación en Bolivia-, las partes en conflicto en ese país habían comenzado a caminar en dirección al diálogo que ha sido convocado por Evo Morales.
Sin ese paso, no será posible superar los graves problemas que convulsionan al país. En efecto, el vicepresidente Alvaro García Linera y el joven prefecto de Tarija, Mario Cossío, (en representación del Consejo Nacional Democrático que agrupa a la oposición) se habían reunido y avanzado en la definición de una agenda común con el fin de comenzar a construir un futuro común.
Por ello, al regreso del presidente Evo Morales de Santiago de Chile, donde se realizó la cumbre de la Unasur, se pudo suscribir, en pocas horas, un acuerdo básico que supone un paso clave en dirección a salir del pantano en que parece estar hoy la sociedad boliviana.
El diálogo ha comenzado en Cochabamba sobre la base de la agenda acordada previamente. En ella, el gobierno de Bolivia reconoció el derecho de los departamentos a percibir la parte que les correspondía en el impuesto directo a los hidrocarburos, fondos de los cuales han sido despojados por el gobierno de Morales. Este era el reclamo inmediato de los departamentos del oriente boliviano respecto de una situación que asfixió a sus tesoros, creando una situación insoportable.
Enseguida, el gobierno boliviano dijo que respetará el derecho a la autonomía de los departamentos del Oriente, confirmado con una panoplia de referendums aprobados por mayorías significativas. Y convino por vez primera en revisar el texto actual del proyecto de la nueva Constitución, que fue aprobado por el oficialismo en violación de las normas constitucionales y legales.
El texto constitucional propone estructurar un enjambre de instituciones nuevas, algunas de las cuales son casi incomprensibles. Está plagado de errores de magnitud. A eso hay que agregar la decisión de tratar de llenar, con la participación del Congreso, los cargos públicos importantes que han estado vacantes por demasiado tiempo, generando inseguridad.
En la mesa de diálogo aparecen varios facilitadores y testigos: la Unasur, la Organización de Estados Americanos (OEA), las Naciones Unidas, la Unión Europea y la Iglesia Católica. Es posible que, de esta manera, el diálogo se logre con mayor facilidad.
Para crear el ambiente propicio para la pacificación y conferir al diálogo el imprescindible ámbito de paz, se acordó levantar todos los bloqueos de rutas y cesar todas las otras medidas de fuerza, incluyendo las extendidas tomas de instituciones y edificios públicos. No obstante, unos 5000 campesinos siguen sitiando amenazadoramente a Santa Cruz.
También se acordó, con cordura, postergar el llamado al referéndum constitucional formulado por Morales, que encendió airadas protestas de parte de la ciudadanía y hechos de violencia. Esto último supone dejar de lado una de las más grandes barreras a la posibilidad de alcanzar acuerdos nacionales genuinos, esto es la generación por ambas partes de hechos consumados que alejaron, paso a paso, la posibilidad de encontrar coincidencias.
La Argentina, a tono con los organismos multilaterales, debería hacer todo lo necesario para ayudar a que el diálogo se consolide y progrese en el país del Norte. Para ello se requiere actuar con la cuota de neutralidad e imparcialidad que las circunstancias exigen, dentro de los lineamientos acordados en la reciente reunión de la Unasur. Y estar dispuestos a poner en caja el intervencionismo creciente de Hugo Chávez, quien, con sus intromisiones, ha contribuido a elevar el voltaje en Bolivia.